Las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos propietarios de activos en el momento de la expropiación se limitan al valor de los medios expropiados, más los intereses acumulados en el tiempo transcurrido. La pérdida total que así puede estimarse alcanza un orden de magnitud de miles de millones de dólares, pero puede decirse que es solo una fracción del valor total de las propiedades que el Gobierno revolucionario confiscó en Cuba desde 1959 y que incluye las pérdidas sufridas por los ciudadanos cubanos desde entonces. Sin embargo, tales pérdidas no son parte de las reclamaciones del Gobierno de EEUU. Las mismas tendrán que ser reclamadas individualmente por los dueños afectados o sus herederos. Para seguir leyendo…