Ramiro Argüello Hurtado: La psiquiatría cubana: una perversa ideología represiva

DD.HH. | Memoria | 27 de mayo de 2019
©Ordaz / Archivo

La psiquiatría cubana ocupa un sitial de honor entre los organismos represores de los derechos humanos del orbe. Su prontuario es apabullante por su bestialidad sin paliativos. Al acceder fungir como mera polea de la maquinaria del terrorismo de Estado castrista, la psiquiatría cubana ha renunciado lastimosamente a su condición de ciencia biológica y del espíritu, remitiéndonos a los experimentos humanos (incluyendo vivisección) practicados por los nazis en los campos de exterminio de Dachau, Buchenwald, Auschwitz.

La extinta Unión Soviética maximizó el abuso psiquiátrico sistemático, incluso se sacaron de la manga una ridícula categoría diagnóstica: esquizofrenia retardada. La categoría de marras fue creada ad hoc para serle aplicada a los desafectos al estado totalitario comunista. Los cubanos han ido más allá al utilizar con soltura tres métodos pertenecientes al arsenal de la psiquiatría científica: electrochoques, químicos y medicamentos psicotrópicos.

En enero de 1979 el gobierno cubano puso en vigencia un Código Criminal en el que tipifica innumerables actividades políticas como crímenes comunes. Al quedar clasificados los actos políticos como actividades criminales comunes disminuye de manera automática, hasta desaparecer, la cifra de prisioneros políticos en Cuba. El inefable Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, afirmaba con desfachatez no hace demasiado tiempo: “No disponemos de información acerca de la utilización de la psiquiatría para otros propósitos que no sea el bienestar de los mentalmente enfermos. No se puede hablar de prisioneros políticos porque no existen prisioneros políticos en nuestro país. Nuestros prisioneros son terroristas”.

Se trata de una maniobra tan cínica como artificiosa. La criminología cubana asevera que el capitalismo es el origen de la conducta criminal. El socialismo erradicaría el basamento de la conducta criminal (¿cómo explicarían los teóricos marxistas el hecho escueto que después de décadas de revolución y educación para el hombre nuevo, con el menor resquicio como sucedió en el caso Mariel, decenas de miles de cubanos abandonaran la isla paradisíaca? Entre esa masa humana se confundían miles de sociópatas y delincuentes de alta peligrosidad. ¿Dónde están las virtudes de la educación socialista?).

En teoría no pueden existir criminales en la utopía comunista (a la que nuestros izquierdistas locales persisten en adscribirse hábilmente agazapados en organizaciones-pantalla; de hecho controlan la mayoría de los medios autoproclamándose sociedad civil. Y los que no pertenecemos a su sociedad civil, ¿qué somos? En caso de que apareciera un caso esporádico se recurre a la re-educación. Para aplacar la disidencia se recurre a un retorcido expediente: son agentes de una potencia extranjera o son enfermos mentales. Los disidentes pasan de facto por una detención secreta a perpetuidad y sin mediar acusación previa.

La seguridad del Estado está facultada para emitir diagnósticos psiquiátricos: el psiquiatra se convierte en esbirro, el esbirro en psiquiatra. La psiquiatría (especialidad nobilísima) pasa así a ponerse al servicio de una perversa ideología totalitaria: La comunista. No es inusual que un desafecto político cuerdo sin antecedentes de enfermedades mentales sea remitido a una de las inenarrables “salas forenses” de nosocomios reservados para criminales desquiciados de alta peligrosidad (pervertidos sexuales, vesánicos, sociópatas). El objetivo es evidente: desmoralizar, intimidar, fracturar voluntades. El itinerario usual del objetor es el que sigue: puede ser internado en las “salas forenses” Carbó-Serviá o Castellanos del Hospital Psiquiátrico de La Habana (popularmente conocido como Mazorra). Por supuesto existen otros destinos. Mencionemos el Hospital Gustavo Machín en Santiago de Cuba o el amedrentador Hospital Nacional de Reclusos del Combinado del Este en La Habana. Las mismas autoridades sanitarias cubanas aceptan con indecible cinismo este estado de cosas.

Un estudio sobre las “infracciones disciplinarias” en la “sala forense” de mujeres Córdova del Hospital Psiquiátrico de La Habana (aparecido en la propia revista de dicho nosocomio en 1984), informa sin ningún rubor (incluso con alborozo) que 4.6 por ciento de las reclusas habían sido sentenciadas por crímenes contra la seguridad del Estado o contra el orden público. El mismo estudio menciona con candor al Departamento de Seguridad del Estado como “proveedor” de reclusos al nosocomio habanero. La indiferencia criminal de la psiquiatría cubana en afinar diagnósticos aplicables a los insumisos se explica en la motivación última de la represión psiquiátrica: castigar y torturar. Cualquier diagnóstico resultaría enojoso y superfluo.

La terapia electro convulsiva (electroshocks) está indicada para escasas dolencias mentales (depresión severa, esquizofrenia catatónica). Se administra en ambiente hospitalario por un psiquiatra asistido por un anestesiólogo bien entrenado. Las autoridades cubanas piensan de manera diferente: la terapia electro convulsiva se aplica alegremente en las “salas forenses” para castigar a los insumisos y persuadirlos a que reconsideren sus actividades. Los compañeros de disidencia y familiares son obligados a presenciar el espectáculo.

Existe evidencia sobre “pacientes” que han recibido hasta 24 tandas de electrochoques (Jesús Leyva Guerra, dirigente sindical y activista de derechos humanos recibió las 24 tandas de rigor. En 1981 la doctora Carmen Betancourt le diagnosticó esquizofrenia paranoide. En 1983 otro esbirro de bata blanca (Dr. Enrique Font) le endilgó el mismo diagnóstico. En 1985 otro esbirro de bata blanca, el Dr. José Pérez Milán, insistió en el diagnóstico. En 1986 el Dr. Orlando Lamar-Vicens prescribió electrochoques y psicofármacos. En 1988 fue a parar de nuevo a las manos del compasivo Lamar-Vicens. El galeno recetó 12 tandas de electrochoques. En octubre de 1989 Leyva logró abandonar Cuba. Vive actualmente en La Florida). Nunca se les ofreció a los insumisos la opción de rechazar el “tratamiento” (consentimiento informado). Los psicofármacos, de preferencia la cloropromazina (un antipsicótico sedante) son utilizados con envidiable liberalidad. No se tiene en cuenta la larga lista de efectos colaterales adversos, en particular los llamados “extrapiramidales”, causados por la acción del químico en la zona del cerebro responsable del movimiento, la locomoción y la coordinación. Los insumisos son obligados a deglutir las tabletas. Los que se niegan son sometidos a severas golpizas. Siempre queda el curso de mezclar el fármaco con los alimentos.

Para la comunidad psiquiátrica internacional los pacientes con dolencias mentales poseen los siguientes derechos:

1) Derecho al tratamiento individual;

2) Derecho a la oportunidad de ser curado (o aliviado) en un período de tiempo razonable;

3) Derecho a un ambiente físico y psicológico de carácter humano y con higiene decorosa;

4) Derecho de rehusar tratamientos;

5) Derecho a no ser utilizado en tratamientos experimentales sin consentimiento previo;

6) Derecho a ser tratado y cuidado por personal capacitado;

7) Derecho a ser ingresado de manera que se garantice la seguridad y la vida del paciente y las personas de su entorno.

No deja de ser una sangrante ironía que Cuba sea signataria de la Convención Internacional contra la tortura y otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, firmada en La Habana el 27 de enero de 1986.

Publicación fuente ‘Baracutey cubano’, 2011