Según los documentos, resultado de la Evaluación Periódica Universal EPU de Cuba en mayo del 2018, el gobierno cubano rechazó 32 recomendaciones sobre las violaciones de derechos laborales civiles y políticos y tomó nota, pero declaró no cumplir, al menos en los próximos cinco años, otras 84 recomendaciones de los gobiernos representados en Naciones Unidas. En síntesis, el gobierno cubano rechaza el Derecho Internacional laboral, civil y político en su legislación interna, y como lo demuestra el Informe sobre las violaciones de derecho humanos durante el 2018, viola también los derechos económicos sociales y culturales de la ciudadanía porque no existen garantías constitucionales, jurídicas, ni procedimentales para reivindicar y justiciar ningún derecho universal en el país. Para seguir leyendo Uno, Dos y Tres…