Además de acusar sin pruebas a los promotores de la marcha cívica de tener «vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense», y alentar la desestabilización para provocar una «intervención militar» y «un cambio de sistema político en Cuba», los intendentes de La Habana Vieja, Santa Clara, Las Tunas, Holguín, entre otras ciudades, sobrepasaron sus prerrogativas al interpretar que el derecho a la manifestación recogido en el Artículo 56 de la Constitución está limitado por los artículos 45 y 4. Para seguir leyendo…