Darcy Borrero Batista: Hambre en prisión: testimonios de inseguridad alimentaria en Cuba
El pasado 10 de octubre, cuando se conmemoraba una fecha significativa para la historia de la Isla, el Estado cubano fue reelegido para formar parte —junto a otros 46 países— del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las reacciones de organizaciones de la sociedad civil, así como de cubanos en todas partes del mundo, llegaron de inmediato. Incluso desde días antes, el 5 de octubre, Human Rights Watch declaró que Burundi, Cuba, China y Rusia no deberían presentarse a las elecciones al Consejo de Derecho Humanos, dado que no cumplían “los criterios para formar parte de este organismo”.
“Los expertos en derechos humanos de la ONU han informado de manera similar sobre patrones de detención arbitraria, malos tratos y tortura en Cuba. Las organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos de presos políticos (manifestantes, críticos, periodistas, artistas independientes y líderes de la oposición) detenidos por ejercer sus derechos humanos básicos”, se lee en la denuncia.
Si bien las razones esgrimidas se concentran en que el Estado cubano ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo acoso, detenciones arbitrarias y torturas contra disidentes y críticos, hay un poco mencionado pero contundente elemento para negarle al régimen de La Habana el mínimo beneficio o legitimidad que se alcanza con la elección como miembro del Consejo.
Dicho sin ambages, el hambre, o de manera más moderada, la vulneración de derechos que se produce en el contexto cubano —como resultado de la política alimentaria desarrollada por el régimen cubano— constituye un poderoso impedimento para que, en representación del país, el designado mandatario Miguel Díaz-Canel se siente en una silla de alto nivel a hablar de los derechos humanos que él —ni su camarilla— garantizan.
Pero el régimen cubano no solo se postuló, sino que resultó electo para un nuevo período de tres años, a pesar de no cumplir con los criterios de membresía —respalda HRW— por haber cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y aunque HRW sugirió a las delegaciones en la Asamblea General de 193 naciones tener en cuenta el pésimo historial de derechos humanos de Cuba, la nación donde más de 1.800 personas fueron detenidas en relación con el estallido social del 11J y donde más de 700 continúan privadas de libertad por razones políticas fue reelegida.
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