Cubalex: El caso Jorge Luis Boada Valdés / La criminalización de la libre expresión en Cuba

En febrero de 2022, Jorge Luis Boada Valdés, un joven activista político cubano de 29 años, fue arrestado por las autoridades después de pintar frases en contra del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en lugares públicos de La Habana. Fue citado y posteriormente arrestado en la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, bajo los cargos de “desacato” y “delitos contra la Seguridad del Estado”.

Posteriormente, Boada Valdés fue trasladado a Villa Marista, sede principal de la policía política en el país, donde la acusación en su contra cambió a “propaganda enemiga”. Desde entonces, ha estado encarcelado en la prisión de Valle Grande.

Durante su tiempo en prisión, ha recibido visitas de su padre, Jorge Luis Boada Ramos, los martes de cada semana, y dos meses después de su arresto, su padre contrató una abogada para su defensa. A pesar de los esfuerzos de la jurista, todas las solicitudes para cambiar la medida cautelar de prisión provisional han sido denegadas.

El 2 de mayo de 2023, en un acto de protesta, Boada Valdés decidió manifestarse dentro de la prisión vistiendo un pulóver blanco en el que había escrito frases antigubernamentales, como “Patria y Vida” y “Libertad”. Sin embargo, fue descubierto y como consecuencia, fue llevado a una celda de castigo, donde permaneció durante seis días sin recibir alimentos.

Hasta el 26 de abril de 2023, había cumplido un año y dos meses en prisión sin una fecha para su juicio ni una petición fiscal. Su padre ha ido a la Fiscalía Provincial de La Habana para pedir explicaciones, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria.

En septiembre de 2023, la Fiscalía solicitó 15 años de privación de libertad para el activista, acusándolo de “propaganda enemiga” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”. Según su padre, la Fiscalía argumenta que Boada Valdés no solo escribió frases en contra del presidente Díaz-Canel, sino que también convocó a protestas a través de sus redes sociales, lo que ha agravado su situación legal. El juicio está programado para este 2 de noviembre.

Jorge Luis Boada Ramos ha instado a la comunidad internacional a abogar por la liberación de su hijo y de otros jóvenes que se encuentran encarcelados por motivos políticos en Cuba. Ha denunciado el peligro que enfrentan en la prisión de Valle Grande, donde su hijo está recluido junto a reclusos comunes. Ha expresado su preocupación por la falta de comunicación con su hijo y ha relatado que, durante una visita a la cárcel el jueves 11 de mayo de 2023, lo notó notablemente debilitado. Sin embargo, insiste en que, a pesar de las difíciles condiciones de reclusión, su hijo se mantiene fuerte y sin desfallecer.

Se pueden resaltar algunos puntos esenciales acerca de este caso:

Los delitos contra la Seguridad del Estado son graves; en su mayoría, tienen una base política. Estos delitos suelen ser atribuidos a activistas y defensores de los derechos humanos. Incluso el acto de protestar puede ser interpretado como propaganda enemiga o una afrenta al orden constitucional. El propósito subyacente de estos delitos es restringir la libertad de expresión, como evidencia el caso de Boada Valdés, cuyo acto de pintar un cartel fue considerado un delito de expresión. Las autoridades buscan claramente enviar un mensaje: aquellos que desafíen al sistema enfrentarán serias consecuencias.

Dichos delitos generalmente conllevan sanciones muy severas. En muchos contextos internacionales, estos actos ni siquiera están tipificados como delitos, pero es claro que el régimen pretende disuadir determinadas acciones, como las llevadas a cabo por el activista Jorge Luis Boada Valdés. 

En resumen, los delitos contra la seguridad del Estado, como la propaganda enemiga, son definiciones amplias y generales. Esta amplitud permite a las autoridades interpretar y aplicar las leyes de manera discrecional. Resulta difícil para los ciudadanos determinar qué acciones específicas podrían ser consideradas como propaganda enemiga. Esto se convierte en una herramienta que la Fiscalía en Cuba utiliza a su criterio, generando incertidumbre en la comprensión y prevención de las posibles consecuencias de las acciones de las personas.