Raúl Medina Oramas: Hambre, robos y armas de fuego: corrupción en prisiones cubanas
Pastillas, una cajetilla de cigarros, una bolsa de azúcar o de arroz… cualquier producto, por ordinario que parezca, adquiere un valor sobredimensionado en las prisiones de Cuba. Si el mercado negro es una dimensión ineludible para las familias de la Isla, en los penales hace la diferencia en la vida de un recluso.
Transparencia Internacional, una organización no gubernamental con sede en Berlín, considera la corrupción como «el abuso del poder confiado para beneficio privado». Tal concepto define a la perfección lo que ocurre en las cárceles de Cuba. Los reclusos están sometidos al poder sin contrapesos de los oficiales del Ministerio del Interior (MININT), quienes no han dudado en usarlo para lucrar.
Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país. No obstante, es importante aclarar que la opacidad de las instituciones estatales cubanas dificulta la documentación de este y otros tipos de denuncias, por lo que los datos recopilados por el CDPC suponen apenas un subregistro de este problema.
Es posible que el escenario de las cárceles cubanas sea más corrupto aún de lo que ya sugieren las cifras y los testimonios sobre abusos de autoridad y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
¿En buenas manos?
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que publica cada año Transparencia Internacional, Cuba descendió tres puestos en el año 2023 con respecto a 2022, lo que significa que la población percibe un incremento de la corrupción en el sector público. Con 42 puntos de 100 posibles (donde una mayor puntuación significa un país menos corrupto), la Isla se ubica en el lugar 76 de 180 países.
Según otro informe, el Índice Global del Crimen Organizado (2023), en Cuba «la corrupción es un problema grave, los funcionarios implicados en prácticas corruptas rara vez son castigados y la corrupción menor está extendida por toda la administración pública».
Aunque el Estado cubano firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, son cuestionables los esfuerzos que dice llevar adelante para erradicarla a través de la Contraloría y la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior. Los órganos «anticorrupción» y el sistema judicial no son independientes ni investigan al poder militar, ajeno a cualquier forma de fiscalización y a un Estado de Derecho inexistente en el país.
Las historias de corrupción en los penales cubanos no son un fenómeno reciente. No obstante, es una realidad omitida por los fiscales cubanos, quienes deberían velar por la integridad de los funcionarios de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT, y vedada a las organizaciones de derechos humanos y expertos independientes. Los pocos casos conocidos no trascienden a la prensa estatal, controlada por el Partido Comunista de Cuba.
Según el abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, «la corrupción es muy grande y afecta directamente la vida en el penal, llegando a provocar reyertas y muertes en las cárceles cuando se introduce alcohol o alguna droga o medicamento trabajado».
En declaraciones al Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, González Leyva, quien mantiene contacto con decenas de prisioneros y recibe sus denuncias por teléfono, explica que una forma de corrupción muy presente en los penales «es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores».
Otras denuncias sobre corrupción en las cárceles, registradas por el CDPC entre 2023 y lo que va de 2024, están relacionadas con robos cometidos por guardias y directivos de prisiones, quienes se apropian impunemente de alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.
Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para lucrar con las necesidades de los reclusos.
En julio de 2023, el periodista Mario J. Pentón publicó declaraciones de la esposa de un prisionero del Combinado del Este, que solicitó anonimato por temor a represalias contra él. La fuente denunció que, en aquel momento, un jefe de piso identificado como Osmani, junto con los «disciplina» del edificio Tercer Norte, conocidos como «El Guajiro» y «Omarito», vendían minutos para llamadas telefónicas y comida.
Las transferencias de dinero debían hacerlas los familiares a la esposa del recluso conocido como «El Guajiro», quien purgaba una alta condena. Este preso contaba, según las denuncias, con la venia de los oficiales para realizar el negocio ilícito y portar armas blancas.
Otro caso de alianza para delinquir entre funcionarios y reos comunes fue denunciado en la prisión de Quivicán (Mayabeque). Según una publicación del activista Alberto Ortega Fonseca, el preso a cargo de la disciplina en el destacamento 13, Lázaro Serera Núñez, cobraba por permitir a los reclusos llamar por teléfono, y entregaba sobornos a directivos de la cárcel.
Otras denuncias exponen que las autoridades cobran directamente en dinero o en especie para otorgarles a los prisioneros beneficios que les corresponden por derecho, como llamadas telefónicas, horas de visita y pabellón o tomar luz solar.
Historias de la cárcel
En noviembre de 2023, la prisionera política Mailene Noguera Santiesteban regresó al campamento penal de El Guatao, en La Habana, con ocho libras de arroz que le regalaron unas monjas del Centro Médico Psicopedagógico «La Edad de Oro», donde cumplía trabajo correccional.
Noguera, condenada a cuatro años y seis meses por las protestas de julio de 2021, esperaba que el regalo alimentara por unos días a sus dos niños. Sin embargo, según una denuncia de José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), donde milita la joven, las oficiales de El Guatao le decomisaron el arroz sin que tuviera posibilidad de reclamar.
Incidentes así no son aislados en las prisiones, de acuerdo con las declaraciones de Juan Carlos González Leyva: «La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien», afirmó.
En una entrevista con el CDPC, José Díaz Silva, preso político varias veces, señaló los manejos ilegales de alimentos esenciales en la cárcel, como el huevo.
«Cuando la prisión no está dominada por los presos y el guardia no es corrupto, te lo dan entero. Otras veces, el preso a cargo y el reeducador te dan una mitad [del huevo hervido] como plato fuerte y la otra te la venden. Toda esa corrupción existe allá adentro», dijo.
Yanay Solaya, ex prisionera política del 11J, señaló al CDPC que el robo de alimentos afectaba también a las mujeres que acababan de parir en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao).
«No hay alimento ni nada para esos niños. (…) No entraba ni la leche. O no les llegaba, porque las primeras ladronas son la directora de la prisión y otras [funcionarias], que entraban a la cocina y se iban cargadas», explicó.
El preso político Jorge Luis Gamboa denunció en septiembre de 2023 que el jefe de prisiones en Las Tunas, teniente coronel Leandro García, posee una cría de cerdos que alimenta con la comida de los reclusos, en complicidad con los jefes de cocina del penal El Típico.
Según González Leyva, «muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos».
Por su parte, Díaz Silva también llamó la atención sobre el uso de los reclusos para trabajos sin paga o mal remunerados: «Algunos presos trabajan como esclavos, porque no les pagan. A otros sí les pagan, pero les descuentan el avituallamiento como si les dieran aseo de calidad, ropa, zapatos».
A inicios de enero de 2024, el preso político Fernando Michel Bárzaga Mompié, condenado a cinco años por el 11J, denunció que en el campamento La Demajagua (Manzanillo, Granma) no le estaban pagando salarios a los reclusos que trabajan «en la agricultura». Solo les daban, a algunos, un día más de pase.
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