Edel González Giménez: Estos son los actores que tendrán que asumir responsabilidad penal en una Cuba democrática

Para que en Cuba ocurra la anhelada transición hacia la democracia y que esta sea sostenible, es necesario como mínimo desechar el ordenamiento jurídico establecido, reorganizar el sistema de funciones y poderes del Estado / Gobierno, empoderar a la sociedad civil, delimitar responsabilidades individuales, así como advertir, despertar y preparar a parte sustancial del funcionariado interno cubano sobre lo que deben abandonar y lo que deben comenzar a hacer en las nuevas circunstancias.

Gústenos o no, en todo proceso de cambio es imposible separar a todas las personas integrantes del viejo aparato. De ahí que parte del actual funcionariado cubano estará presente en la Cuba en transición hacia la democracia. En términos prácticos, el país necesita de su experiencia administrativa y saberes profesionales para que, junto a los actores del cambio, constituyan una variable de la construcción del nuevo modelo.

Un modelo a desarmar

En ese contexto, es esencial que el Derecho y las instituciones se democraticen y pongan al servicio de los cambios trascendentales.

La falsa moral humanista / comunista, la Constitución vigente, el sostenimiento invariable de leyes anteriores en vigor y la creación normativa aprobada a partir del 19 de abril de 2019 responden a decisiones políticas de perfeccionamiento del poder fáctico establecido a partir de la entronización del castrismo. Tales normas constituyen el brazo de dominación de masas más inmediato que utilizan los represores y responden, contradictoriamente, a la crítica marxista del derecho burgués: «El derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley».

La clase trabajadora y campesina, intelectual, profesional y técnica de Cuba, o el incipiente emprendimiento no estatal, no cuentan con representación real de sus anhelos, aspiraciones e intereses en los entramados de poder actual.

Fidel Castro estaba consciente de que el derecho democrático aprobado en Cuba desde 1940 no era adecuado para la personalidad y carácter totalitario de su mandato, por lo que comenzó a derogarlo y suplantarlo, desde abril de 1959, con la adopción de la Ley Fundamental, por un orden normativo ajustado a sus intereses.

La familia Castro era burguesa antes del proceso de nacionalización y confiscación de propiedades domiciliadas en Cuba. Fidel Castro, su hermano Raúl y su descendencia siguieron siéndolo en exclusiva desde entonces, ejerciendo el poder bajo el disfraz de una República de Derecho que en nada se parece a una de obreros y cooperativistas marxistas, ni tampoco a la soñada por José Martí y demás integrantes del Partido Revolucionario Cubano del siglo XIX, que sería «con todos, y para el bien de todos».

En razón a lo anterior, cabe afirmar que la Constitución vigente en Cuba no es ni marxista ni martiana, sino fidelista. Sin lugar a dudas, el poder se ha aferrado a un sistema de leyes antidemocráticas que justifica histórica y sistemáticamente la vieja retórica antimperialista, en la que en número creciente los cubanos ya no creen.

De manera contradictoria, la descendencia de los Castro es la primera en adquirir y sostener privilegios, bienes y servicios del modelo capitalista, así como en desarrollar negocios preferenciales que incrementan el enriquecimiento indebido, delito del que un día serán responsables en un proceso administrativo y penal.

Las acciones represivas policiales y administrativas aplicadas a quienes adquieren la condición de adversarios, como la detención, juzgamiento y condena arbitrarios; la violencia de Estado frente a manifestantes indefensos, particularmente mujeres, adolescentes y jóvenes descontentos; el despido laboral, junto a negativas de derechos asociados al trabajo, como el de la huelga; la negación fáctica de derechos y libertades públicas; la expatriación forzada; la negación de derechos y beneficios carcelarios y de acceso universal al sistema de justicia; la promoción de la impunidad estatal y del Partido Comunista frente a los excesos y la violencia del Estado; la amenaza y el acoso sistemático y progresivo sobre el disenso, y el hipercontrol sobre el  mercado, no tendrían jamás el alcance lesivo contra la persona y sociedad cubanas, ni la efectividad manifiesta para el poder, si el ordenamiento jurídico y los representantes de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento no estuvieran al servicio pleno de la élite del régimen.

Los actores de la sociedad que tendrán responsabilidad en una Cuba democrática

De cara a lo anterior, cabe señalar que responden, en calidad de coautores directos del sufrimiento y las afectaciones legales y personales que ha padecido y padece gran parte del pueblo cubano, tres grandes bloques de autoridades, funcionarios y profesionales al margen de los Castro y la élite político-militar y de inteligencia:

1. Quienes crean las normas jurídicas que sostienen el modelo de opresión, admiten las vigentes, contrarias a los derechos humanos, y se oponen a la admisión y desarrollo de iniciativas legislativas ciudadanas.

A estos supuestos responden la alta cúpula del Partido Comunista, que define e impone la política a legislar, así como los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, particularmente su manida Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; los miembros del Consejo de Estado; los integrantes del Consejo de Ministros y representantes de organizaciones como la CTC, los CDR y la FMC. 

Estos últimos responden en igualdad de condiciones a las autoridades señaladas, por no representar a cabalidad los intereses sociales. Lamentablemente, no forman parte de la sociedad civil, como insiste la propaganda oficial, sino del poder. Desarrollan a la misma vez, sin contrapartida, la triple función de aprobar decisiones en el Buró Político del Partido, la de ratificarlas y aprobarlas sin oposición, en la forma de disposiciones jurídicas que se adoptan en el seno de los órganos con capacidad legislativa, y la de servir como poleas de transmisión y control de los diversos mecanismos de represión establecidos.

2. Quienes tienen por misión cumplir y hacer cumplir lo establecido, aun sabiendo de la ilegalidad, injusticia e irracionalidad del contenido normativo implícito en cada ley, decreto ley o decreto.

En esta categoría de responsables entran, por orden de prelación, los jueces, máximas autoridades que abandonan con reiteración el deber de impartir justicia; los fiscales, instructores policiales, agentes del Ministerio del Interior y abogados sin el valor de oponerse a las ilegalidades, excesos y violaciones de derechos y garantías. Son, por tanto, legitimadores de la injusticia social y del modelo imperante.

3. Quienes encubren y justifican los excesos del poder mediante la difusión de la política de desinformación y censura establecida en los medios escritos, televisivos, radiales y digitales.

Mantener confundida, indecisa, inmovilizada e intimidada a parte relevante del pueblo cubano es acto desleal y tan criminal como quienes idean, planifican y ejecutan esa política. Entran en estos escenarios periodistas y comunicadores incondicionales a la dirección de divulgación y propaganda del PCC, abandonando principios profesionales como el de la investigación, búsqueda y planteamiento de la verdad.

El ordenamiento jurídico, las estructuras y capital humano al servicio pleno de la cúpula dominante en Cuba han de ser advertidos incansablemente por la sociedad civil de su responsabilidad para con el pueblo. Gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, todos están sujetos al control popular, y en su día serán cribados conforme a sus actitudes para con los ciudadanos.

El miedo a represalias o a la pérdida de las prebendas no pueden seguir siendo la justificante de exoneración. Abandonemos, pues, el derecho y la justicia dictatorial a favor de la inclusiva, democrática, igualitaria, participativa y efectiva que ha de venir.

Publicación fuente ‘DDC’