Yolanda Huerga: Organizaciones independientes proponen reforma constitucional para garantizar la libertad académica en Cuba

Un grupo de organizaciones independientes en Cuba ha hecho pública una propuesta para modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución, que establecen las pautas del sistema educacional en la Isla.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC),la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza consideran que en el artículo 32, que presuntamente “estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación”, la autonomía de cátedra no está claramente definida.

“Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución”, indicó este martes a Martí Noticias Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CTDC y uno de los redactores de la iniciativa.

“Ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, la velocidad y la capacidad que tienen organizaciones autónomas de generar iniciativas, inventivas y conocimientos, cosa que no se logra bajo un monopolio estatal”, apuntó.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba:

“La politización de los programas escolares y los planes de estudio erosiona la autonomía institucional y la libertad académica. Este tipo de regulación sobre lo que se presenta en el aula es una tendencia observada en muchos países”.

“En la República Bolivariana de Venezuela, tanto las universidades públicas como las privadas enfrentan restricciones gubernamentales respecto a la creación de nuevos programas académicos. Estas intervenciones suelen incluir la exigencia de promover visiones ideológicas como parte de los programas educativos, algo que también se observa, por ejemplo, en Bielorrusia, China y Cuba”.

La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.

En este sentido, la propuesta reclama que “el Estado, la ley, reconozca la posibilidad, primero, que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado, es educación pública, eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública, en el sentido de que no les da participación a padres, estudiantes a formular y diseñar la educación, como en otros países”, precisó Cuesta Morúa.

“Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada para garantizar que una sociedad pueda estimular y participar en el proceso de Educación Pública”, recalcó.

El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El presidente del CTDC, el líder opositor José Daniel Ferrer, cree que la propuesta de modificación atraería el concurso de una mayoría de cubanos.

“Muchos quisieran ver una educación más inclusiva, diversa, libre, donde puedan coexistir escuelas privadas y públicas. Los padres cubanos, hace ya más de seis décadas, no tenemos derecho a escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos”, expresó.

“Cuando se trabaja mediante este tipo de propuestas, se están demostrando dos cosas: hay un número creciente de cubanos que quieren cambiar las leyes arbitrarias hoy impuestas y, si el régimen no respeta sus propias leyes, estamos demostrando que esas leyes sólo funcionan mientras le conviene al régimen”, subrayó Ferrer.

Añadió que estos métodos de lucha no violenta se complementan «y pueden hacer que avance el proceso democratizador que tanto necesita nuestra Patria».

El líder de la Unión Patriótica de Cuba considera igualmente válidas las convocatorias a manifestaciones no violentas en las calles como este tipo de proyectos, porque «movilizan a muchas personas que no están dispuestas a reclamar sus derechos en la calle, pero sí creen que pueden sumarse a un proyecto de ley que exige esos cambios en la arbitraria Constitución vigente».

Martí Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y de que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.

“Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En el año 60, creo que fue, toda la instrucción quedó sometida al Estado y, sencillamente, eso no procede”, lamentó.

“En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que, en este estado calamitoso en el que está este país, la educación de los muchachos no creo que sea lo que más les preocupe a las personas. Ojalá esté equivocado y que esto sea una consigna de amplia movilización popular y que obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir, el respaldo expreso, porque el respaldo yo sí estoy seguro que lo tiene. El grueso de la ciudadanía está de acuerdo con eso”, recalcó el presidente de la opositora Corriente Agramontista.

Publicación fuente ‘Martí Noticias’