CDPC: Informe sobre condiciones en prisiones cubanas [Marzo]

Durante el mes de marzo, el activista Marcel Valdés comenzó a publicar una serie de dibujos realizados desde la prisión de Melena del Sur por el preso político del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez. Estas ilustraciones, hechas en condiciones de encierro, retratan con crudeza la realidad de las cárceles cubanas y funcionan al mismo tiempo como una denuncia visual del deterioro del país. A través del trazo, Juan Enrique da testimonio no solo de su situación personal, sino también del sufrimiento colectivo de quienes están privados de libertad en Cuba.

En la primera de sus ilustraciones realizadas desde la prisión de Melena del Sur, Juan Enrique Pérez Sánchez retrata, con trazo firme y desesperado, la muerte de reclusos como una constante dentro del sistema penitenciario cubano. El dibujo no solo alude a la negligencia estructural y al abandono institucional, sino que señala directamente al Partido Comunista de Cuba como responsable de estas muertes evitables.

Esta expresión gráfica encuentra eco en la documentación reciente del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que durante el mes de marzo registró la muerte de cuatro personas privadas de libertad en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Estas muertes elevan a 18 los fallecimientos en prisiones cubanas solo en el primer trimestre de 2025.

Los casos documentados incluyen:

• Israel Cabrera y Aliandris Arce Salazar, fallecidos por desnutrición;
• Giovanis Ferrer Verdecia, por tuberculosis e insuficiencia renal;
• Ramón Alayo Anglada, quien no recibió atención médica oportuna.

En total, durante el mes de marzo, el CDPC registró 85 eventos relacionados con personas privadas de libertad. De ellos, 67 ocurrieron en 29 prisiones y centros de detención ubicados en 12 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. Los eventos restantes, ocurridos fuera del ámbito penitenciario, estuvieron principalmente vinculados a pronunciamientos internacionales a favor de los presos políticos y al proceso de excarcelaciones implementado por el Estado cubano y concluido a inicios de marzo, caracterizado por su opacidad y falta de garantías.

De los 67 eventos ocurridos en centros penitenciarios, 60 estuvieron asociados a violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad. Las provincias con mayor número de incidencias fueron Mayabeque, La Habana y Camagüey, y entre las prisiones más reportadas se encuentran el Combinado del Este (La Habana), la prisión de Guanajay (Artemisa) y la prisión de Melena del Sur (Mayabeque).

Al menos 41 personas reclusas —36 hombres y 5 mujeres— fueron identificadas como víctimas directas de estas violaciones, mientras que 13 denuncias documentaron afectaciones que impactaron a la totalidad de la población penal de determinados establecimientos. Entre los casos más graves destacan los de los presos políticos del 11J Rolando Yusef Morera, recluido en Quivicán, y Jorge Martín Perdomo, confinado en el campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh”, en Mayabeque, quienes acumulan múltiples reportes de violaciones en su contra.

Las condiciones de vulnerabilidad más frecuentes entre las víctimas incluyen el estatus de preso político, el hecho de ser afrodescendiente y la militancia opositora. *En una persona pueden coincidir varias categorías de vulnerabilidad.

Se logró identificar, de forma total o parcial, a cuatro funcionarios del sistema penitenciario, todos hombres, que habrían participado directamente en la ejecución de las violaciones documentadas.

Los tipos de incidentes más frecuentes fueron (un evento puede contener más de un tipo de incidente):

• Hostigamiento o represión (39 casos)
• Negación de asistencia médica (15 casos)
• Condiciones precarias de vida en prisión (14 casos)
• Problemas relacionados con la alimentación (14 casos)
• Uso de celdas de castigo (6 casos)

El informe “Personas privadas de libertad con situaciones delicadas de salud” recoge casos individuales de reclusos que, aun padeciendo enfermedades graves, no reciben la atención médica necesaria. Sin embargo, la crisis sanitaria en las prisiones cubanas no se limita a casos aislados, sino que constituye una realidad estructural que afecta a la totalidad de la población penal.

En estos entornos, son frecuentes los brotes de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis y otras infecciones respiratorias, favorecidas por el hacinamiento, la escasez de agua potable y la falta sistemática de atención médica.

A ello se suma la crítica situación alimentaria, que va más allá de las carencias económicas del país y evidencia un profundo desinterés estatal por la salud y la vida de las personas privadas de libertad, al punto de comprometer gravemente su integridad física.

Desde nueve prisiones ubicadas en ocho provincias diferentes, se recibieron denuncias sobre la mala calidad, escasa variedad y reducidas cantidades de alimentos entregados a las personas privadas de libertad. Preocupa especialmente que, mes tras mes, continúan los reportes de recortes en las raciones normadas, las cuales ya eran insuficientes, así como restricciones impuestas a los reclusos para almacenar los alimentos que reciben de sus familiares. La situación ha derivado en niveles alarmantes de desnutrición. 

En la prisión Kilo 8 (Camagüey) se reportaron desmayos frecuentes que deben ser atendidos por los propios reclusos, quienes intentan reanimar a sus compañeros con agua con azúcar, ante la inacción total de las autoridades penitenciarias.

Este cuadro se agrava aún más por prácticas sistemáticas de corrupción dentro de las prisiones: se ha denunciado que guardias roban parte de la comida destinada a los reclusos para utilizarla en la cría de cerdos, lo que profundiza el abandono y la vulneración de derechos dentro del sistema carcelario.

Otras manifestaciones de corrupción dentro del sistema penitenciario incluyen la venta ilegal del tiempo destinado a llamadas telefónicas, un servicio que debería ser garantizado como derecho básico de comunicación para las personas reclusas. Además, se ha reportado el expendio de drogas dentro de los centros penitenciarios, lo cual no solo pone en riesgo la salud y seguridad de los internos, sino que evidencia la connivencia o participación directa de funcionarios del sistema penal en actividades ilícitas.

Durante el mes, se registraron varios traslados de reclusos utilizados como forma de represalia. En Villa Clara, Adonis de la Rosa Rodríguez, quien se encontraba en la prisión de Guamajal, fue devuelto a la Prisión Provincial, donde semanas antes había sido golpeado y amenazado de muerte por el segundo jefe de unidad. Por su parte, Jorge Bello Domínguez, recluido en el Combinado del Este, fue trasladado a la prisión de Guanajay, donde enfrenta condiciones aún más precarias. Asimismo, Roberto Pérez Fonseca y Rolando Yusef Pérez Morera fueron trasladados desde la prisión de Quivicán hacia la de Melena del Sur, donde fueron confinados en celdas de castigo. Esta acción se realizó con el objetivo de impedir que realizaran protestas durante una visita del Ministerio del Interior al penal de Quivicán. En el caso de Pérez Morera, quien se encuentra en grave estado de salud, el traslado derivó en un período de desaparición forzada, ya que las autoridades se negaron a ofrecer información a su familia, incluso cuando se presentaron personalmente en la prisión.

Durante el mes, se documentaron nuevos casos de uso de celdas de castigo como forma de represalia contra reclusos que ejercen acciones de protesta. Es el caso de Yoany Moreu Leal (Prisión de Agüica, Matanzas) y Edilberto Arzuaga Alcalá (Kilo 8, Camagüey), quienes fueron enviados a aislamiento tras declararse en huelga de hambre.

Se reiteró también la práctica de golpear a las personas prisioneras entre varios guardias y luego confinarlos en aislamiento. Así ocurrió con Mayelín Rodríguez Prado (Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey) y Alejandro Morales Pereira (Prisión La Pendiente, Villa Clara). Por otra parte, Misleidys Rodríguez Más fue castigada con celda de aislamiento tras haber discutido con la jefa de la Prisión de Mujeres de Occidente (La Habana), exigiendo mejoras ante las precarias condiciones del penal y los malos tratos hacia las reclusas.

Particularmente grave fue el caso de Alejandro Morales Pereira, quien fue golpeado mientras permanecía esposado a una reja, una práctica que constituye tortura. La misma técnica fue aplicada contra un recluso identificado como Mauricio, en la prisión Kilo 7 (Camagüey). Este último fue posteriormente trasladado a la enfermería, donde fue nuevamente torturado mediante el método conocido como “el potro”, que consiste en esposarlo de manos y pies a una cama.

Durante el mes, la violencia de las autoridades también se expresó a través de constantes amenazas y actos de intimidación. A Amaury Díaz García (Prisión Nieves Morejón, Sancti Spíritus), agentes de la Seguridad del Estado lo chantajearon amenazando con aumentarle la condena a su hijo si se negaba a colaborar como informante. Rolando Yusef Pérez Morera (Prisión de Quivicán, Mayabeque) y Ángel Castro Carrera (Combinado del Este) se encuentran bajo amenaza de enfrentar nuevos procesos penales, mientras que el jefe del campamento de trabajo forzado “Ho Chi Minh” (Mayabeque) amenazó con rociar spray químico a Jorge Martín Perdomo, en represalia por las denuncias públicas de su madre sobre las condiciones del lugar. En Kilo 8 (Camagüey), Reinier Calderín Socarrás fue amenazado de muerte por el oficial Yasmani Sánchez Esquivel, a pesar de estar próximo a cumplir su condena.

También se reportaron violaciones al derecho de visita y a los beneficios penitenciarios. Por tercera vez, a Saylí Navarro Álvarez (Prisión Provincial de Mujeres de Matanzas) le fue prohibido recibir la visita de su madre, la Dama de Blanco Sonia Álvarez, por haberse presentado vestida de blanco. De manera arbitraria se suspendieron los pases penitenciarios de José Ramón Solano Randiche (Campamento “Ladrillera Cerámica”, Holguín) y de Daynel Cambell Curré (Prisión Cerámica Roja, Camagüey), quien se declaró en huelga de hambre como forma de protesta ante esta medida.

Los información presentada en este informe representan un subregistro de los eventos y víctimas reales; una documentación completa resulta imposible debido a la opacidad sistemática del régimen cubano, que se niega a transparentar información oficial sobre su sistema penitenciario, impide el acceso de observadores independientes a las cárceles y criminaliza la labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en estos espacios.

Publicación fuente ‘Centro de Documentación de Prisiones Cubanas‘