Annarella Grimal: Tráfico de batas blancas en el Caribe / La historia de cinco cubanas

DD.HH. | 16 de abril de 2025
©Razón pública

A finales de marzo, durante su primera visita oficial a Jamaica, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó la postura de Washington sobre las brigadas médicas cubanas: “Básicamente operan como trabajo forzoso”, dijo Rubio en rueda de prensa, y mencionó que, a estos sanitarios, “el Gobierno cubano decide cuánto o qué darles” en pago por sus servicios, y “les retira el pasaporte”. Las fuertes acusaciones, pese a que fueron rechazadas públicamente por las autoridades jamaiquinas, cubanas y de otros países de la región, tuvieron un efecto inmediato en la misión médica de Jamaica: la parte cubana —que efectivamente sí había decomisado los pasaportes— dio la orden de devolver los documentos al personal sanitario. 

En este reportaje, cinco trabajadoras de la salud revelan un patrón expropiativo y de control extremo en las brigadas cubanas en la cuenca del Caribe que los gobiernos anfitriones se empeñan en negar. Sus experiencias, acompañadas de documentación oficial, contribuyen a despejar las dudas sobre cómo Cuba viola sistemáticamente las normas internacionales del trabajo en las misiones médicas.

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Para Yaniset*, formar parte de la “Brigada Médica Cubana en Jamaica” nunca fue un acto voluntario, ni de solidaridad: pocas cosas empujan más que el hambre de una hija y un salario que no alcanza para llenarle el plato. Por eso, no pudo negarse a prestar servicios médicos en Kingston, como “heroína de bata blanca” y bajo las órdenes del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba. Pero, más que salvar vidas ajenas, terminó por rescatar a su familia de la miseria que amenazaba con tragársela. 

En 2015, Yaniset solo tenía un propósito: darle una vida mejor a su niña, a la que tuvo que dejar atrás, según cuenta a CubaNet, en referencia a la prohibición, impuesta por el régimen cubano de viajar a las misiones en compañía de la familia. Y agrega: “Fue el único modo de poder arreglar mi casa porque con mi salario… o le daba de comer a mi hija (mal comer) o la vestía”. Estaba consciente de que la comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, empresa del MINSAP que gestiona la captación de personal cubano con el gobierno local, se quedaría con una parte de su salario, pero pensó que, aun así, valdría la pena el sacrificio. 

Unos siete años después, Mirta* aterrizó en la misma ciudad jamaiquina enfocada en trabajar para ahorrar dinero. También dejó en Cuba a su hija, al cuidado de su madre anciana. Todos los cuños en su pasaporte —que no son pocos— se los debe al ir de venir de las misiones. En todo este tiempo, las autoridades de su país no han encontrado una solución a las miles de madres que deben separarse de sus hijos para cumplir “misión internacionalista”.

La razón es mantener a la familia como rehén en la Isla para que el profesional se vea obligado a regresar a Cuba y continúe su servicio al sistema, señala la investigadora María Werlau, directora ejecutiva de la ONG Archivo Cuba, con sede en Miami, Estados Unidos. 

Son las madres, —y los niños y las abuelas cubanas— quienes cargan con el peso de las políticas sociales y de salud fallidas en una Isla de la que deben escapar para mantener el cuidado y la alimentación de los que han dejado atrás. El costo humano es incalculable y recae sobre la familia.

“Como madre, perdí muchas cosas del tránsito de la niñez a la adolescencia de mi hija. Es lo que más me ha golpeado; aún no lo termino de procesar”, lamenta Mirta, que ha visto los obstáculos de los funcionarios cubanos en casos de emergencia familiar. “Se le hace difícil al colaborador ir a Cuba a despedir a un ser querido en su etapa final y hasta asistir a su velorio o entierro”, agrega.

Uno a uno, los planes de Yaniset y de Mirta se fueron deshaciendo. No importaba cuántas horas extras trabajaran, nunca lograban ahorrar suficiente dinero por las condiciones leoninas de su contratación. Desde al menos 2015, los médicos cubanos en la misión de Jamaica son despojados de sus salarios. En su lugar, reciben un estipendio mensual del que deben transferir, bajo amenazas, el 50% a la cuenta de la Brigada Médica Cubana en ese país —explica Mirta—. Lo que queda para el colaborador es menos de la mitad de lo que gana un colega jamaiquino y califica como extorsión, una forma de esclavitud moderna que las autoridades de este y de otros países de la región insisten en negar.  

‘Gracias a Marco Rubio, nos devolvieron el pasaporte

El 25 de febrero, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos podría revocar las visas de funcionarios extranjeros cuyos países empleaban a profesionales de Cuba, particularmente en las misiones médicas. La medida, que busca combatir prácticas de trabajo forzoso en programas de cooperación internacional y responsabilizar a los gobiernos involucrados, fue recibida con preocupación y rechazo por parte de la comunidad latinoamericana y del Caribe, que utiliza personal sanitario cubano para mantener a flote sus servicios. 

Solo en la cuenca del Caribe, Cuba ha desplegado unos “19.000 ‘colaboradores’ en salud, que representan alrededor del 75%” de los que actualmente laboran en el mundo, y facturan miles de millones de dólares cada año para el régimen, dijo a CubaNet María Werlau.

Además del importante peso financiero —precisa la investigadora— el programa de cooperación sirve “como propaganda y para generar adeptos” porque “crea lealtades que aseguran votos en los organismos internacionales y apoyo internacional”. 

En una reciente visita oficial a Jamaica, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aclaró que su país no se opone a la prestación de asistencia médica, ni a la labor de los médicos cubanos. La objeción es con las violaciones de las normas internacionales del trabajo inherentes al programa de cooperación del régimen de Cuba.

“Me refiero a este programa en general, a cómo se aplica en todo el mundo. Y como se aplica en todo el mundo es que, básicamente, a los médicos no se les paga…”, dijo. Luego agregó que solo el Gobierno cubano puede decidir qué porción del salario están autorizados a cobrar los “colaboradores”. El funcionario cubanoamericano precisó que la apropiación salarial, así como la confiscación de los documentos de identificación, es un patrón de trabajo forzoso presente en estas brigadas. 

En respuesta, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, han insistido en que el personal médico cubano “presta un valioso servicio en el sistema de salud pública” en su país y no es explotado. Jamaica enfrenta una importante crisis de personal sanitario, agravada por la COVID-19, con un déficit de alrededor del 50% de médicos y enfermeros; una problemática que se extiende en la región y de la que Cuba ha sabido sacar partido. Otros países de la Comunidad Caribeña (CARICOM) ya habían negado las acusaciones de trata de personas en las brigadas médicas cubanas afincadas en sus territorios. 

“Nos aseguramos de que sean tratados dentro de nuestras leyes laborales y se beneficien como cualquier otro trabajador. Por lo tanto, cualquier caracterización del programa por parte de otros ciertamente no sería aplicable a Jamaica”, enfatizó Holness. Igualmente, el titular de Salud explicó que su país se involucra en la contratación de personal cubano y garantiza una remuneración acorde, lo que fue replicado por el oficialismo cubano.

La jefa de la Brigada Médica Cubana en Jamaica, Katia Ochoa, agradeció el apoyo de las autoridades ante lo que consideró “ataques a las misiones de salud por parte del secretario de Estado de EE.UU.”. Según Michael Cabrera, director de la Unidad Central de Cooperación Médica —otra entidad del MINSAP que desde 1984 coordina el envío de misiones de salud al exterior— más de 24.500 profesionales cubanos prestan servicios en 56 países, algo que, asegura, “no lo va poder cambiar el Gobierno de EE.UU. ni nadie que lo intente”.

Sin embargo, las declaraciones de Rubio tuvieron dos efectos inmediatos: el Gobierno de Jamaica anunció que, “coincidentemente”, había iniciado una revisión de los términos del convenio bilateral con Cuba (que establece el pago salarial a la cuenta bancaria de la brigada médica y no directamente al trabajador cubano), lo que permitirá “aclarar cuestiones” y “ajustar elementos del acuerdo”, declaró Tufton. También, la parte cubana —dirigida por Ochoa— dio la orden a los jefes de brigada de entregar los documentos de identidad a los colaboradores. 

“Gracias a Marco Rubio, devolvieron el pasaporte a todos los colaboradores; al menos es un avance”, dijo a CubaNet una sanitaria desde Jamaica, que pidió anonimato por temor a represalias. 

Tres fuentes consultadas por CubaNet aseguran que la jefatura de la brigada retira los documentos de identificación a sus subordinados ―cuando estos llegan a Jamaica― para evitar que abandonen la misión. “Con el pretexto de que te van a estampar el permiso de trabajo en el pasaporte, ellos te lo quitan”, precisa Yaniset. Los colaboradores, para hacer cualquier trámite, deben solicitar permiso a la jefa de brigada y, a su vez, esta debe contar con la autorización de la jefa de la misión. 

Jamaica

Más de 400 profesionales cubanos de la Salud prestan servicios en Jamaica. De ellos, un tercio regresará próximamente a Cuba, según declaraciones del ministro de Salud y Bienestar de la otrora colonia inglesa, quien aclaró que la retirada no se debe a la reciente polémica sobre trabajo forzado en las brigadas médicas cubanas, sino que coincide con un proceso de renovación de personal. Otros médicos y enfermeros que ya han sido entrevistados vendrán en su lugar, aseguró. 

Datos de Archivo Cuba ubican a la Brigada Médica Cubana de Jamaica como la cuarta más numerosa (y lucrativa) en la región para el régimen de La Habana, después de las de Venezuela, México y Guatemala.

El patrón expropiativo y los mecanismos de control empleados por la oficialidad cubana en otras misiones médicas, aunque con ciertas diferencias, también están presentes en la isla anglófona.

El día 10 de cada mes, Jamaica deposita el salario de los trabajadores de la salud cubanos en la cuenta de la Brigada Médica Cubana y luego esta efectúa el pago de un estipendio al trabajador. De acuerdo con testimonios y documentos oficiales de la misión consultados por CubaNet, las mensualidades oscilan entre 1.400 y 2.100 USD. De ellos, Cuba se queda con el 50%. Mientras, al otro 50%, que va a la cuenta de cada colaborador, se suman 200 USD garantizados por Jamaica para cubrir gastos de vivienda; de manera que el ingreso básico más alto —después de devolver lo que exige la Brigada Médica Cubana y pagar la renta— es el de los médicos (1.050 USD o 6.06 USD por hora). El pago de gobierno a gobierno se desconoce, aunque se sabe que un galeno contratado de manera independiente puede ganar más del doble de esa cifra. 

Una de las características inherentes a los convenios de esta naturaleza es la existencia de una cláusula de confidencialidad. La falta de transparencia permite que prácticas abusivas proliferen en las brigadas médicas cubanas y sean difíciles de detectar, algo que condenó recientemente el Gobierno de EE.UU. a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Jamaica también remunera las horas extra trabajadas, pero igualmente el profesional cubano debe entregar una parte significativa de ese monto a Cuba, después de descontar complementos de “meal” y “taxi”, que cubren los costos de alimentación y transporte. Estos, son considerados por la dirección de la misión como ingresos no reembolsables, al igual que asignaciones por ubicación y responsabilidad médica, por ser imprescindibles para la permanencia y el desenvolvimiento del profesional cubano en Jamaica. “El resto hay que dividirlo por dos”, precisa Yaniset.

Para enmascarar la apropiación de los ingresos de sus trabajadores, la oficialidad cubana se refiere al reembolso obligatorio del 50% como “remesa”, término que da una dimensión personal a la transferencia bancaria, como si se tratara del envío de dinero a un ser querido o un regalo que se hace de manera voluntaria. 

“En los payslips [recibos de sueldo] está el pago que hace el hospital los días 25, por concepto de horas extra trabajadas. De ahí uno también reembolsa el 50%”, precisa Yaniset. La remuneración adicional sí es a través de pago directo del hospital al médico cubano y se realiza en dólares jamaiquinos. La misión cubana impone una tasa de cambio de 154 por 1 USD, según documentos oficiales filtrados a CubaNet.

©Captura de una presentación de Power Point titulada “Cálculo de la ‘remesa’ y estipendio” enviada por correo electrónico desde la jefatura de la misión a los colaboradores en Jamaica (Cortesía de una trabajadora de la salud cubana)

Las transferencias de sus ingresos netos se realizan a fin de mes “a una cuenta a nombre de la misión médica en el banco NCB [National Commercial Bank]”, explica Yaniset. “Es frustrante ver los días 25 de cada mes cómo se sienten los colaboradores. Se nota el descontento. Muchos dicen que no van a trabajar horas extra porque, para qué, si tienen que dar la mitad. Es muy humillante”, lamenta.

Para comprobar que la deducción se corresponde con la cantidad exigida, los sanitarios deben “entregar el payslip a la jefa de brigada” y mostrar los recibos de depósito, una vez realizada la devolución del 50% a la Brigada Médica, explica la fuente. Por su parte, la jefatura de la brigada envía correos electrónicos y recordatorios por la red de mensajería encriptada Telegram con las particularidades de la remuneración y los pasos para devolver los ingresos al Estado cubano. 

Luego, el colaborador debe enviar a la dirección de la Brigada Médica una declaración jurada firmada con el monto a reembolsar a la cuenta de la misión, como estipula el contrato laboral que tampoco se entrega a los sanitarios (lo firman antes de salir de Cuba, pero no les dan tiempo a leerlo, según testimonios de varias sanitarias).

“Ese dinero va para no se sabe dónde, porque vas a Cuba y ves que sigue la misma miseria”, comenta, en referencia a la deformación inversionista en Cuba en favor de la industria turística y en detrimento de la salud y la asistencia social, que no reciben ni el 2% de los ingresos del país, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

“El colaborador en Jamaica está como raptado. Es horrible; uno acepta el contrato porque, realmente, ¿quién vive en Cuba con 50 USD de salario?”, cuestiona.

Otro aspecto cuestionable de las brigadas médicas cubanas es la politización de la atención sanitaria. La jefatura de la misión exige a los colaboradores que se tomen fotos realizando su trabajo, para luego publicarlas en perfiles oficiales en redes sociales, con motivos propagandísticos. 

Sin embargo, “algunos han tenido problemas”. En los servicios donde trabajan les han informado que “por pólizas y protocolo ellos no podían estar tomando fotos con pacientes”, por razones de privacidad, explica Yaniset. Los sanitarios cubanos que, en observancia de las reglas jamaiquinas, se niegan a hacer proselitismo, son amenazados entonces por la misión “por no cumplir con las instrucciones de arriba”.

El régimen en las misiones también se extiende al control de las relaciones humanas. A los colaboradores les está prohibido relacionarse con sus colegas de la Isla que están contratados de forma independiente, como ya han denunciado médicos que han prestado servicios en Venezuela y Angola. Según Yaniset, “no se puede hablar” y los colaboradores viven amenazados con la revocación de su contrato por parte de los jefes de la misión. 

Las estrictas condiciones están comprendidas en la Resolución 368 de 2020 o “Reglamento disciplinario del colaborador”, y contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, refuerza el control estatal sobre los trabajadores cubanos y limita severamente su libertad de decisión, de expresión e incluso de elegir con quién formar una familia. El reglamento, junto al contrato laboral, se convierte en un instrumento jurídico de coerción dentro de las brigadas médicas cubanas.

Cansados de tanto control, algunos colaboradores desafían las exigencias de la brigada, se niegan a entregar sus ingresos y son presionados. “Les dicen que los van a enviar para Cuba, y les advierten que ellos tienen forma de averiguar si hicieron horas extra o no”, cuenta Yaniset. Similar situación ha podido ser contrastada por CubaNet en Dominica.

Dominica

Iliana* fue llevada ante una comisión disciplinaria porque “se niega a aportar su remesa [reembolso] al país”, se lee en el documento para constancia de la jefatura de la Brigada Médica Cubana de Dominica, al que CubaNet tuvo acceso. La actitud de la sanitaria, según el texto, “viola el contrato de trabajo para la prestación de servicios… especialmente el acápite 6.1 relacionado con la obligación de remesar [reembolsar] hacia Cuba”, así como el Reglamento disciplinario para colaboradores. 

De acuerdo con la colaboradora de la Brigada Médica Cubana de Dominica, el método de expropiación salarial es en efectivo, porque en la Mancomunidad de Dominica “los bancos son estadounidenses y no se puede transferir dinero a Cuba por ninguna vía”. En este caso, el colaborador debe extraer la cantidad exigida por la misión cubana “como remesa familiar” y entregarla al jefe de brigada.

La especialista asegura que la tajada para el régimen de Cuba es de “miles de dólares”. “Uno puede ganar la cantidad que sea, por concepto de guardias, que solo puede quedarse con unos 200 USD”, asegura.

Del salario básico, a médicas como Iliana solo le corresponden 800 USD, para una remuneración máxima de 1.000 USD; “el resto hay que sacarlo del banco y entregarlo en efectivo a ellos [las autoridades de la misión médica]”, lamenta la doctora. Asimismo, agrega que el pago de gobierno a gobierno es mucho mayor por médico, pues incluye otros gastos. 

En la Brigada Médica Cubana de Dominica se maneja que el país receptor incurre en gastos de 11.000 USD por médico cubano, aunque la profesional dijo desconocer exactamente a cuánto asciende. Por la misma razón, no es posible calcular los ingresos de Cuba por este concepto en la nación caribeña. 

El régimen de La Habana ha desarrollado un sofisticado sistema de apropiación salarial, mientras aparenta ajustarse a las normas y exigencias de cada país. En lugares donde ejerce mayor influencia, como Angola y Venezuela, existen compañías cubanas con personalidad jurídica que sirven de intermediarios entre el país receptor y el colaborador cubano (fundamentalmente médicos, maestros o ingenieros). Entre ellas, destaca ANTEX S.A., brazo ejecutor del conglomerado militar GAESA en misiones en África que retiene entre el 76 y el 91% de los salarios de los trabajadores que subcontrata, mientras que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. y la Unidad Central de Colaboración Médica se quedan con, al menos, el 50% de los ingresos netos de su personal.

En cambio, en países donde no es permitida la intermediación —como Arabia Saudita y Catar— el pago salarial se realiza directamente al trabajador cubano, lo que crea la ilusión de que este recibe la remuneración íntegra por su trabajo. En ambos casos, la jefatura de la misión exige, todos los meses sin excepciones, una transferencia bancaria del 80% (Arabia Saudita) y el 90% (Catar) del salario a una cuenta del Gobierno comunista.

Se trata de la regla de oro en el empleo masivo de profesionales cubanos derivado de convenios bilaterales. Solo la contratación independiente garantiza que las libertades individuales y los derechos laborales de los trabajadores sean respetados, por tanto, es menester “que los países receptores realmente necesitados de importar trabajadores de la salud, ofrezcan los puestos vacantes competitivamente y de forma directa”, advierte la directora ejecutiva de Archivo Cuba. 

Otra cuestión tiene que ver con el capital: la exportación de servicios profesionales cubanos, especialmente médicos, constituye la primera fuente de ingresos para el Estado cubano. Esto hace imposible que las compañías estatales que controlan este rubro permitan a los trabajadores conservar su salario íntegro. ¿Cómo, entonces, generarían entre 4.000 y 6.000 millones de dólares cada año? ¿Por qué, si las condiciones son justas en estas brigadas, más de 10.000** cooperantes han sido considerados “desertores” por rescindir sus contratos o negarse a regresar a Cuba al término de estos? ¿Cómo se explica que el estatus jurídico de “regulado” (restricción de salida del país) no se aplique a los que salen a cumplir servicios bajo el control estatal? ¿Por qué se continúa penalizando a los médicos y otros profesionales cubanos con ocho años de destierro por abandonar estos programas?

Por último, la misión de Dominica no solo presiona a sus colaboradores para entregar parte de su salario, sino también para que participen en actividades políticas y de propaganda, como sucede en Jamaica, lo que se suma al patrón de explotación que se ha consolidado a lo largo de décadas del programa.

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