Wilfredo Cancio Isla: Ley Helms-Burton / Tribunal de Miami ordena a Expedia pagar $29.8 millones a cubanoamericano

En una histórica decisión, un jurado federal en Miami ordenó a la corporación Expedia Group pagar una indemnización de $29.8 millones de dólares a un ciudadano estadounidense por el uso indebido de una propiedad confiscada a su familia a manos del régimen de Fidel Castro.

El veredicto emergió del primer juicio con jurado que se produce en un tribunal federal de Estados Unidos al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, el cual fue activado por el presidente Donald Trump en mayo de 2019. El fallo fue dado a conocer el pasado viernes.

El beneficiado es el cubanoamericano Mario Echevarría, quien adoptó la ciudadanía estadounidense en 1983 y reclama la propiedad de Cayo Coco, confiscada a su familia durante la Ley de Reforma Agraria, en 1959.

La demanda contra Expedia Group como compañía matriz de Hotel.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC, argumenta que las cuatro entidades realizaron reservaciones desde sus plataformas digitales para obtener ganancias en hoteles construidos en los terrenos expropiados por el régimen castrista.

El jurado determinó imponer una suma compensatoria de $9.95 millones de dólares a cada entidad por concepto de daños y perjuicios, lo que resultó en una sentencia total de $29.85 millones.

En Cayo Coco, una isla situada en la costa norte de Cuba, están ubicados tres hoteles que el demandante alegó como entidades involucradas en el tráfico de propiedades:  Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.

“Las entidades demandadas lucraron ofreciendo reservas a clientes en estos hoteles en sus sitios web de viajes. Los demandados admiten que no investigaron si los hoteles se encontraban en terrenos confiscados”, escribió el juez federal Federico Moreno, que presidió el caso.

Durante el proceso, un empleado de Expedia testificó que la compañía y sus filiales no pidieron al gobierno cubano ninguna documentación respecto a la propiedad de los hoteles radicados en Cayo Coco ni tuvieron en cuenta las implicaciones de la Ley Helms-Burton al ofrecer los servicios de reservación.

“Esta es una gran victoria no solo para nuestro cliente, sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyos bienes fueron confiscados indebidamente y explotados por empresas estadounidenses en colaboración con la dictadura comunista cubana”, declaró el abogado Andrés Rivero, del bufete Rivero & Mestre, quien representó al demandante. “Nos enorgullece haber contribuido a que se hiciera justicia bajo una ley que nunca se había probado ante un jurado”.

No se descarta que Expedia Group puede apelar el fallo a una corte superior. La corporación, con sede en Seattle, estado de Washington, es una de las mayores plataformas de viajes del mundo, con ganancias anuales que superan anualmente los $13,600 millones de dólares.

La demanda de Echevarría se remonta a 2019, cuando junto a otros tres cubanoamericanos presentó una demanda como herederos de propiedades confiscadas en Varadero y Santa Cruz del Norte. Pero la reclamación fue desestimada en 2020 por el juez federal de Miami, Robert N. Scola.

Sin embargo, Echevarría consolidó la demanda en 2023 y prosiguió la reclamación con carácter individual.

La legislación Helms-Burton, que fue aprobada bajo la administración de Bill Clinton, en 1996, permite demandar a compañías extranjeras que trafiquen con propiedades confiscadas en Cuba a firmas y ciudadanos estadounidenses. Pero al ser suscrita quedó en pausa el Título III, previendo entonces litigios internacionales para el gobierno de Estados Unidos.

El pasado 14 de enero, la administración Biden optó por suspender el Título III, pero al tomar posesión de su segundo mandato, Trump reinstaló de inmediato la cláusula legislativa.

Desde la activación del Título III, hace seis años, se han presentado 45 demandas, con seis acuerdos extrajudiciales y un solo veredicto con jurado.

Dos casos están aún pendientes de determinación ante el Tribunal Supremo de la nación.

La pasada semana, la compañía Exxon Mobil presentó a la Corte Suprema toda la documentación pertinente para reforzar su petición de resolver un prolongado litigio contra la corporación estatal cubana CIMEX, iniciado en un tribunal de Washington DC, en mayo de 2019.

También el máximo tribunal de la nación debe decidir en breve si acepta una solicitud de apelación de los representantes de la firma Havana Docks Corporation, que alega tráfico de propiedades confiscadas en el puerto de La Habana por cuatro compañías de cruceros. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, dio marcha atrás a un dictamen previo de la jueza federal Beth Bloom que obligaba a pagar $439 millones de dólares a Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian por considerar que incurrieron en acciones ilegales durante sus viajes a Cuba entre 2015 y 2019.

Publicación fuente ‘Café Fuerte’