Raúl Medina Orama: Violaciones del derecho a la salud en las prisiones cubanas

Magalis González enciende la cámara de su celular para lanzar a las redes sociales la enésima denuncia sobre el estado de salud de su hijo, Ismael Rodríguez González. El joven, sentenciado a siete años de cárcel en Cuba por las masivas protestas de julio de 2021 —conocidas como 11J—, yace ensimismado cerca de ella, con los pies hinchados, tras llegar de pase del centro penitenciario de Guanajay, al oeste de La Habana, donde cumple su sentencia.

Según el centro de asesoría legal Cubalex, Ismael Rodríguez tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual, riesgo suicida y trastorno de la personalidad. «En la cárcel, a Ismael no le dan su medicación, por eso está descompensado y en plena crisis», denunció en redes sociales el activista Marcel Valdés, al publicar el video que le envió Magalis.

El caso de Ismael no es excepcional dentro del sistema penitenciario cubano, caracterizado por la desatención médica. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 2.093 incidentes violatorios de derechos en centros de detención y reclusión, de los cuales 739 se relacionan con problemas de salud y falta de atención médica (35,31 %).

Entre las violaciones más frecuentes documentadas durante el último año relacionadas con temas de salud, se encuentran el incumplimiento de las prescripciones médicas y el no suministro de medicamentos por parte de las autoridades, como sucede con Ismael.

En ocasiones esto está relacionado con el desabastecimiento general de medicinas que afecta al país. Sin embargo, varios presos, políticos fundamentalmente, han denunciado que cuando sus familiares les llevan medicamentos, las autoridades no los aceptan o no se los hacen llegar. También han denunciado que a veces les niegan la atención médica como una forma de tortura. Esto incluye desde indolencia de los guardias ante situaciones delicadas de salud hasta la demora para llevar a los reclusos a las consultas médicas.

Debido a esto, algunos reclusos han visto dañada su salud de forma permanente. En otras ocasiones, estas situaciones han tenido resultados mortales. Entre el 1ro de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el CDPC registró 44 personas fallecidas en prisión. De ellas, 32 (72,73 %) murieron como consecuencia de la tardanza de las autoridades para proveerles medicamentos o atención médica.

Además, las deplorables condiciones sanitarias, de hacinamiento y alimentación de las prisiones ocasionan frecuentes brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias.

Otra denuncia común es la desatención de los requerimientos de aquellos reclusos con condiciones médicas especiales, como las personas que viven con VIH, enfermedades crónicas o trastornos psiquiátricos, o quienes requieren dietas especiales.

El abogado Juan Carlos González Leyva, quien preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, describe el escenario como «un desastre total»: «Es bien difícil que un preso obtenga asistencia de Medicina General. No existe atención estomatológica y cuando los reclusos tienen fiebre, catarro, o se contagian por algún brote de diarrea, se curan solos. En las prisiones no les dan ningún tipo de medicamento, ni aunque tengan dengue».

Derecho negado

Dariel Ruiz García usa una prótesis de pie izquierdo y es miope. Estuvo encerrado durante casi dos años y medio por participar en un cacerolazo pacífico en Aguacate, localidad del municipio de Madruga (Mayabeque), ocurrido en agosto de 2021. En ninguno de los centros penitenciarios en los que estuvo —la Prisión de Melena del Sur y el campamento de trabajo El Paraíso—, disfrutó de facilidades por sus condiciones físicas.

«No solo las personas como yo, con discapacidad, sino ningún ser humano está apto para vivir en las prisiones de Cuba. Las condiciones son pésimas, no hay ni medicinas», dijo Ruiz García en una entrevista con el CDPC.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) establece que el derecho a la salud es «inclusivo» para todas las personas, sin distinción, y que la situación financiera no exime al Estado de garantizar «el disfrute de unos niveles mínimos esenciales de derecho a la salud», aun en circunstancias adversas.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos también establecen que la asistencia médica a las personas privadas de libertad es una responsabilidad del Estado. Según esta normativa, conocida como Reglas Nelson Mandela, cada penal debe contar «con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud».

El Reglamento del Sistema Penitenciario cubano afirma en su Artículo 70 que en los centros de internamiento se garantiza el cumplimiento de los programas de salud bajo la responsabilidad del órgano de Servicios Médicos del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección de Salud correspondiente. Sin embargo, lo cierto es que el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en Cuba no está garantizado fuera del papel.

«En la prisión había un puesto de enfermería y un médico a tiempo completo, pero era más bien para casos de emergencia», recuerda Dariel Ruiz. «De hecho, a mí me atendieron por el problema del pie gracias a la presión que hizo mi familia. (…) Pero muchas personas no tienen ni esa posibilidad».

De acuerdo con el ex preso político, denunciar la desatención de salud está prohibido. «Los presos planteaban algunas cosas, aunque luego las autoridades tomaban represalias con quienes lo hacían. Querían que uno se quedara callado», dijo Ruiz García.

Según Juan Carlos González Leyva, «se ha ido deteriorando la situación de atención de salud en las prisiones, al punto de que en algunas no existe ningún personal médico, ni hay fármacos, más allá de alguna medicación específica que logran dar a los presos sus familiares, o que llega por alguna donación».

Los maltratos de los carceleros agravan los padecimientos de los reclusos. Dariel Ruiz recuerda a un compañero de prisión «con problemas psicológicos y unas varillas en las rodillas, a quien los guardias tiraron esposado de un segundo piso (…) y con la misma lo llevaron para una celda, donde estuvo un mes sin tratamiento ninguno».

Otro caso que presenció fue el de Kevin, un recluso de Güines que fue golpeado por varios guardias y falleció poco después, presuntamente por las secuelas del maltrato: «empezó a tener problemas, a no querer comer, parece que por tener un órgano dañado o algo. Pero no hicieron caso a sus reclamos y murió».

De acuerdo con Dariel, las autoridades «certificaron que fue por un problema de digestión, porque ahí los médicos, el tribunal y los de la prisión son todos parte del mismo régimen, de la misma dictadura. Los médicos tienen que decir lo que ellos quieran».

El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como «Ktivo Disidente», coincide en desconfiar de los galenos de las prisiones cubanas. Relató al CDPC que, tras una golpiza de sus carceleros, lo llevaron para un supuesto chequeo en el que el médico obvió la mayoría de sus lesiones. «A muchos médicos que practican en estos centros penitenciarios, yo los despojara del título, porque firman un juramento hipocrático que no practican», dijo.

El abogado González Leyva, quien mantiene contacto con decenas de reclusos y recibe sus denuncias por teléfono, afirma que en las prisiones «no existen los primeros auxilios, que son claves en la asistencia médica; los presos infartan y están horas tirados en el piso o en la enfermería. Muchas veces sus compañeros tienen que golpear las rejas durante un largo rato para que los guardias respondan, mientras la víctima tiene fuertes dolores en el pecho».

En ocasiones, relata González Leyva, quienes sobreviven a estos incidentes no son llevados a un hospital equipado con los recursos para tratamientos intensivos. «Los presos no son escuchados cuando tienen una situación de crisis o peligro para su vida. Los oficiales dicen que están fingiendo y la mayoría de veces estas situaciones desembocan en la muerte del recluso; otras, los llevan moribundos para el hospital, después de varios días quejándose».

Dariel Ruiz recuerda que en el campamento El Paraíso «no le daban tratamiento» al recluso Jorge Luis Moreira Roja, de Madruga, que tenía cáncer. «Le dieron la [licencia] extrapenal a última hora. Poco después de salir ya estaba muerto».

Estos precedentes alarman a las organizaciones de derechos humanos por el riesgo que significan para personas muy enfermas, muchas de ellas presas por motivos políticos, cuyas peticiones de excarcelación han sido desestimadas por las autoridades.

Amnistía Internacional (AI) lleva adelante una campaña en redes sociales llamando al Gobierno cubano a cesar «la negación del acceso a la atención médica» a personas privadas de libertad, entre otras violaciones. A finales de mayo, se unió al CDPC para expresar en un comunicado «profunda preocupación» por el prisionero de conciencia Loreto Hernández, detenido con su esposa, Donaida Pérez, por manifestarse el 11J.

Hernández, condenado a siete años, estuvo hospitalizado por varias semanas en 2023. Su familia solicitó una licencia extrapenal por razones de salud. A pesar de que un médico proporcionado por el Estado recomendó su liberación, «un tribunal le negó la licencia, manteniendo en riesgo la salud de Loreto Hernández», denunció AI.

Jorge Luis García Pérez, conocido en el activismo opositor como «Antúnez» y hermano de Hernández, afirma que el líder de los Yorubas Libres de Cuba «está siendo víctima de un intento de asesinato clínicamente inducido, por parte de la alta oficialidad de la policía política».

Según Antúnez, su hermano ha tenido «una fuerte recaída de su estado de salud», que se expresa en un «cambio de coloración en su piel, restos de sangre en la orina y en las heces fecales, [y] pérdida de conciencia (desmayos temporales) bastantes frecuentes en un día».

La exigencia de la excarcelación de Hernández se apoya en el desenlace de otros casos, como el de Fernando García Consuegra (66), quien falleció el pasado 9 de octubre de 2023 en la prisión de Valle Grande (La Habana) tras un ataque cardíaco. Según Cubalex, el recluso no recibió durante dos días la medicación que necesitaba, pese a haber sido diagnosticado por los propios médicos del penal. Tampoco fue trasladado a un hospital externo, por supuestas dificultades con el transporte.

Cubalex concluyó que se trató de «una flagrante violación del derecho a la salud del recluso, al tiempo que pone en evidencia el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado cubano».

Sin condiciones para vivir, menos para sanar

Además de empeorar las condiciones de salud preexistentes, el encierro en el sistema penitenciario cubano puede ocasionar nuevos padecimientos. Según Juan Carlos González Leyva, «el sistema carcelario en Cuba, lejos de sanar a una persona, la enferma, la destruye, tanto por la falta de alimentación como por las condiciones de los lugares donde viven los presos, totalmente antihigiénicas, sin agua potable, rodeados de moscas, en la insalubridad total».

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, para la realización plena del derecho a la salud hay que tener en cuenta factores como «el acceso a instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, (…) y una alimentación y nutrición adecuadas», entre otros. Dichas condiciones no están garantizadas en las cárceles cubanas. Este año, hasta el 31 de mayo último, el CDPC ha registrado 158 denuncias relacionadas con mala alimentación, precarias condiciones de habitabilidad y problemas con el suministro de agua.

El biólogo y académico Ariel Ruiz Urquiola, juzgado arbitrariamente por «desacato» en 2018 y condenado a un año de cárcel, consideró que «lo más impactante eran las condiciones de los calabozos». 

«Compartes habitación con varios reos. El baño es público, es decir, todos veían a los demás defecar, orinar, bañarse. Yo no tenía chancletas, así que para bañarme tenía que poner mis pies en el mismo baño turco donde defecas», describió

Además, «tenías que almacenar el agua de tomar y de bañarte, que venía de represas, sin tratar». Según el científico, el agua es «lodosa, roja, llena de sedimentos» y solo abastecen a los reclusos dos horas al día. Las enfermedades de tipo diarreicas son muy frecuentes.

Solo del 1 de enero al 31 de mayo de 2024, el CDPC ha registrado 35 denuncias sobre la existencia de plagas y brotes epidemiológicos en las prisiones, que afectan a la generalidad de la población penal.

En cuanto a la alimentación, Ruiz Urquiola dijo que era «putrefacta en gran medida» y el arroz «estaba sin escoger, lleno de gusanos. En el agua de frijoles o chícharos, podías ver moscas, pero tenías que apartarlas y comerte aquello. No tenías otra opción».

Según el abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos González Leyva, la alimentación deficiente es el problema de fondo «más grave que tiene la población penal en cuanto a salud». Para los que ya están enfermos, «no existen las dietas médicas, lo cual también agrava la situación de los cuadros de salud de los presos», algo que ha sido confirmado al CDPC por otros (ex)reclusos y familiares.

Yanay Solaya, ex presa política del 11J, dijo al CDPC que las reclusas embarazadas que conoció en la Prisión de Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, «no tenían una dieta [especial], era la misma comida para todos». Para una amiga suya que estaba gestando, «cuando le subía la presión no había medicamentos, no había carros para moverla a las consultas, no había petróleo, no había nada (…) y tuvieron que darle [licencia] extrapenal».

Otros no reciben ese beneficio a tiempo. El preso político Luis Barrios Díaz (37 años) falleció el 19 de noviembre de 2023, tras complicaciones respiratorias agravadas por la decisión de las autoridades de no mantenerlo ingresado en un hospital de La Habana, según información del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Le fue concedida una licencia extrapenal, aparentemente cuando el Estado consideró inminente su deceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió una investigación «rápida» sobre su muerte.

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