Los Consejos Populares, creados en los años 90 sufren el mismo problema de ser una estructura sin resultados. Si los diputados no pueden hacer nada para variar las políticas erráticas de los ministros, y del Gobierno, los delegados ejecutivos de los Consejos Populares menos. Hasta ahora nadie puede exigir cuentas a los funcionarios estatales en los distintos niveles: nacional provincial y municipal, porque no hay procedimientos legales que lo estipulen y mucho menos penalidades para los que no rinden cuentas, ni resuelven nada de las necesidades de la población. La impunidad de los funcionarios públicos es el signo más sobresaliente del sistema estatal y político cubano. Todos pueden robar e incumplir hasta tanto no los descubran “por casualidad”. Para seguir leyendo…
Responder