En enero de 1979 el gobierno cubano puso en vigencia un Código Criminal en el que tipifica innumerables actividades políticas como crímenes comunes. Al quedar clasificados los actos políticos como actividades criminales comunes disminuye de manera automática, hasta desaparecer, la cifra de prisioneros políticos en Cuba. El inefable Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, afirmaba con desfachatez no hace demasiado tiempo: “No disponemos de información acerca de la utilización de la psiquiatría para otros propósitos que no sea el bienestar de los mentalmente enfermos. No se puede hablar de prisioneros políticos porque no existen prisioneros políticos en nuestro país. Nuestros prisioneros son terroristas”. Para seguir leyendo…
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