El sector privado en la Isla sobrevive bajo asedio constante de inspectores y funcionarios de la estatal Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), entidad que se cuenta entre las más denunciadas por episodios de corrupción. A este fenómeno se suma el conjunto de decretos, prohibiciones y restricciones gubernamentales que coartan el desarrollo de la actividad privada. «Imponer que el acceso a un mercado mayorista para cuentapropistas sea exclusivamente en dólares será un golpe durísimo, especialmente para quienes llevamos pequeños negocios», señaló Lázaro Pérez, quien administra una cafetería. Para seguir leyendo…
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