El abuso, la persecución, los excesos de violencia, las presiones y amenazas —sumado al control hacia el interior del país de toda narración sobre los sucesos del 11J— han golpeado a los protagonistas directos y sus familias en primera instancia. Pero, de manera general, el Gobierno ha mantenido la vigilancia sobre toda persona que incluso sin participar hubiere apoyado de manera pública o compartido en las redes sociales textos que denunciaran el erróneo manejo estatal en este caso. Para seguir leyendo…
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