Francisco Morán: ‘Shock and awe’… El estallido que viene

Desde al menos mediados de 2020, el Estado cubano, que ya estaba implantando medidas todavía más impopulares que antes ―si es posible afirmar esto―, en un escenario económico y social cada vez más precario, previó la posibilidad de, si no un estallido social como el que tuvo lugar al año siguiente, sí alguna forma de expresión popular de protesta que, por supuesto, amenazaría con hacer público el fracaso de la gestión gubernamental.

Por otra parte, las protestas masivas que sacudieron a Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd fueron percibidas de inmediato como un peligroso modelo que podría repercutir en la Isla. No se olvide que, un mes más tarde, Hansel Hernández fue asesinado por un policía cubano; hecho que no apareció, ni de pasada, en las ediciones impresas de Granma ni Juventud Rebelde.

En estas circunstancias, se idearon varias estrategias para prevenir la protesta popular o contenerla de inmediato. Para conseguir lo primero, desataron una intensa “guerra cultural, simbólica y emocional”, significada por el triunfalismo de un discurso populista tendiente a imprimir todavía más la idea de que la Revolución “salva”, de que es del pueblo y para el pueblo.

Esto no es nada nuevo; pero el Estado descubrió en Covid-19 un poderoso aliado y lo explotó en su beneficio. En mayo y junio de 2020, el triunfalismo se expresó con una arrogancia risible; si no fuera por la tragedia que le siguió. Los periódicos afirmaron que Cuba había vencido a la Covid y que esa victoria era la prueba palpable de la superioridad del modelo cubano.

Contrastaron las muertes que estaban ocurriendo en Estados Unidos con el triunfo cubano. Reportaron la noticia de los contenedores repletos de cadáveres en New York por falta de espacio en las morgues. Así, la misma dirigencia que hablaba de “amor” y de “espiritualidad” politizó la desgracia ajena para afirmar su propia superioridad. Politización que demuestra el silencio de los medios cubanos ante el excelente trabajo del gobernador Cuomo, quien consiguió sacar a la ciudad de la crisis en que la había sumido la pandemia.

Asimismo, el Estado se apresuró a sacarle lascas para el turismo a la “desinteresada” ayuda al crucero británico. La Habana era un puerto seguro para los cruceros británicos, afirmó Granma. Con esto se intentaba compensar el desabastecimiento, el malestar por las tiendas en MLC, la escasez de medicamentos. Como siempre, se les pedía a los cubanos considerar solo “lo positivo” y olvidar sus miserias.

El Estado seguía apostando a que el énfasis en la supuesta superioridad y excepcionalismo del modelo cubano todavía calaba en el ego de la nación. Así, por ejemplo, en un artículo de Juventud Rebelde, del 10 de mayo de 2020, se jactaba de que los cubanos estaban “salvando vidas en un principado europeo”.[1]

No obstante, Díaz-Canel sabía también que el fracaso de la economía y el desgaste del tejido social estaban cada vez más a la vista. Previendo, pues, la expresión abierta del malestar, se dio a la tarea de construir un chivo expiatorio sobre el que desviar la culpa y la responsabilidad del Estado.

*

Todos recordarán la cruzada represiva que desató el Estado contra los coleros y revendedores. La llevó a cabo insistiendo públicamente en que contaba con el respaldo del pueblo; que el pueblo estaba pidiendo “mano dura.” Ahora, si bien es cierto que comentarios de este tipo abundaban en los artículos publicados por los medios, no lo es menos que el pueblo también pedía que se eliminaran las tiendas en MLC, que se pusiera fin a los precios abusivos de los negocios privados y estatales. Pero Díaz-Canel eligió responder a las demandas enfocando la culpa en los coleros.

La represión fue severamente criticada, entre otras cosas, por su talante racista. Las caricaturas de Juventud Rebelde presentaron, sobre todo, figuras de negros y negras, con un deliberado aspecto vulgar, como estereotipos del colero. Lo que no vimos entonces fue que, en la figura de ese “colero”, el Estado había empezado a armar la retórica racista y represiva que utilizó con posterioridad a las protestas del 11 y 12 de julio para inventar, a su vez, el marco legal que permitiría usar la Ley para aterrorizar y desalentar (shock and awe) cualquier otra intentona de resistencia popular.

Hoy, la situación es llamativamente similar a la que existía antes del 11 y el 12 de julio, y el Estado está apostando sus cartas al mismo programa terrorista. Por eso es importante estar preparados de antemano, comprender lo que está ocurriendo ahora mismo y denunciarlo como lo que es: la expresión del fascismo y racismo institucionalizado, dispuesto a usar la violencia total, absoluta, con tal de autopreservarse. Pero si esta autopreservación implica su impunidad en el ejercicio de la violencia libertina, ¿acaso la autopreservación del pueblo no justifica, a su vez, la rebelión contra el terror y la violencia?

Repasemos, primeramente, cómo fue que se construyó en 2020 las figuras del colero y del barrio, señalando su “continuidad” en 2022, sin perder de vista las protestas del 11J. Destaquemos también que, hoy como en 2020, “ilegalidad” y “delito” han sido usados como bisagra para conectar a los supuestos delincuentes “comunes” con los “políticos”, de modo que no se distingan unos de otros; solapándose los ataques a los periodistas independientes con los coleros.

El 21 de mayo de 2020, Nelson García Santos arremetió desde Juventud Rebelde no solo contra los “delincuentes”, sino incluso contra “los propensos a delinquir”. Se trataba, según él, de “menguar la impunidad con que se han acostumbrado a actuar determinados sujetos”. Afirmaba que había “camajanes afilándose los dientes detrás de los pesos sucios con sus impúdicas jugarretas, sin importarles un comino el drama entre la vida y la muerte que vivimos”. O sea, aunque el objeto de este ataque son presuntos ladrones, el “delito” aquí rebasa con creces el del robo.

En primer lugar, porque las etiquetas, ambiguas y/o generalizadoras pueden colgárseles a cualquiera: “determinados sujetos”, “camajanes”. En segundo lugar, porque el autor concluye informando que “solo en Villa Clara” se habían ejecutado “más de cien procesos penales” que incluían: “desacato”, “propagación de epidemias, desobediencia y hasta atentado a la autoridad”.

Estos cargos nos situaban ya en el escenario por venir del 11J. Las figuras de los supuestos delincuentes común y político se funden en una sola, se vuelve casi imposible distinguir a una de la otra. En este sentido, es importante considerar la acusación de “propagador de epidemia”,  que en algún momento se le achacó a Luis Manuel Otero Alcántara.

En español, los vocablos que terminan en or implican por lo general una acción que es desempeñada por un sujeto: trabajador, instructor, constructor, educador, etc. Afirmar que alguien es “propagador de epidemias” implica que ese individuo consciente y sistemáticamente se dedica a trasmitir, a propagar epidemias.

La cuestión es: ¿cómo se prueba esto en una corte que realmente respete los derechos civiles? ¿Cómo y quién decide quién es o no “propagador de epidemias”? ¿Qué tienen que ver la reventa, el “ser colero” y el acaparamiento con la intención de propagar epidemias? Y si fuera así, ¿no debía juzgarse por el mismo “delito” al que no se ponía el nasobuco y al que no guardaba las normas del distanciamiento social en las colas? ¿Y por qué no al que le compra al revendedor? ¿Puede haber oferta donde no hay demanda?

Entonces, al igual que sucedería con las protestas del 11J, el delito aparece gravado por el imaginario racista: “sucios”, “impúdicas” y, todavía más, en la idea que arrastra la noción lombrosiana del “criminal nato”; pues, para Santos, hay individuos que [por su naturaleza] son “propensos a delinquir”. Así, en aquel momento llamó “a endurecer la persecución”.

Lo que el Estado no admitirá nunca es que en cualquier escenario de infinitas carencias, como el que viven los cubanos, es natural que el contrabando, la reventa, el robo y la corrupción florezcan. En este caso, es el Estado mismo el que corrompe, induce el delito y luego selecciona, según sus intereses políticos y prejuicios racistas, quiénes serán los chivos expiatorios.

De hecho, en otro artículo de Juventud Rebelde, del 3 de junio de 2020 ―casi un año antes del 11J―, Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Santa Clara, al referirse a los delitos de los coleros, especificó que no era igual “un ciudadano sin antecedentes delictivos que esté en la calle y se baje el nasobuco para tomar agua o fumar” que “un grupo de personas aglomeradas, ingiriendo bebidas alcohólicas, sin mascarilla y alterando el orden público”.[2]

Esa distinción deja ver a las claras el prejuicio racista y elitista de este individuo que tiene la autoridad legal para actuar conforme a esos prejuicios. De antemano, en esa hipotética aglomeración no ve ciudadanos, sino personas que ya tienen antecedentes delictivos. El “ciudadano” puede bajarse el nasobuco no ya para tomar agua, sino incluso para fumar. En este caso, ese ciudadano, por supuesto, no va a ponerse y quitarse el nasobuco constantemente mientras esté fumando. Sin embargo, no se lo considera propagador de epidemias.

En cambio, con solo mirar al grupo lo despoja de ciudadanía y, con esto, de sus derechos ciudadanos. Y su estigmatización como criminales, alcohólicos y violentos –entiéndase negros, por el color de la piel y/o por la clase, el estatus que representan– los marca como territorio de caza de la represión, el terror y la violencia del Estado.

Justo el 10 de junio de 2020, en un artículo de una página completa en Juventud Rebelde, cuyo telón de fondo eran los disturbios y protestas en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, Ricardo Ronquillo Bello comentó que “preocupados por la creciente indisciplina social [en Cuba]” había “algunos” que se alistaban “por el regreso de los enfoques represivos, incluso por el estilo de guapetón de esquina y matones de turno de los antiguos guardias rurales”.

Advierte que “deslizarnos por ahí sería como meternos en un peligroso desfiladero, dejando que los fenómenos sociales se nos trastoquen en una secuencia riesgosa de acción y reacción”. De tomarse ese camino, continúa, “podríamos desbocarnos hacia un Estado policial efímero y nunca a un Estado moral permanente”.

Se trataba, en su opinión, de no ceder a ese impulso represivo para que “fracasen las aspiraciones de la contrarrevolución de espolear el tema del racismo para que las revueltas —que por más “requetevueltas” que les dan nunca ocurren— se trasladen a Cuba”.[3]

Queda claro que la “creciente indisciplina social” de la que habla Ronquillo es la indisciplina social de los negros. Por eso, lo importante para él era que fracasaran las aspiraciones de la contrarrevolución de espolear “el tema negro” y provocar una revuelta en Cuba como la de Estados Unidos.

A esos que abogaban por el retorno —¿¡retorno?!— de la represión, no les reprocha ni los condena por promover la violencia antinegra. ¡No! Para él, se trataba meramente de la inconveniencia de caer en la represión abierta, pues en ese escenario los negros reaccionarían violentamente y el “estado policial” implantado para reprimirlos encontraría una respuesta más contundente que terminaría derrocándolo, haciendo de él algo “efímero”. Eso era lo que había que evitar. Lo primero era, y sigue siendo, preservar el poder, mantener un “Estado moral permanente”. Léase, moral, en tanto ostensiblemente racista y represor.

Pero todavía quedan un par de cosas más por destacar. La aclaración “incluso”, mientras se habla del “regreso” de los “enfoques represivos”, revela que el autor tiene en mente una represión diferente a la de la Guardia Rural. Esta última entra como un añadido: “incluso”.

Asimismo, esos deseos de “algunos” —obviamente revolucionarios—, de traer de vuelta la Guardia Rural deja al desnudo el núcleo duro de las tiranías de Machado y Batista en el corazón mismo del proyecto socialista. Tal como lo ve Ronquillo, se trata de una especie de instinto que es necesario mantener a raya en aras de la conservación de la especie: el castrismo.

Ahora, las bárbaras sentencias de prisión contra los manifestantes del 11J alcanzan para nosotros su definición mejor: los tribunales, jueces y fiscales que las pidieron y las impusieron actuaron como verdaderos guardias rurales. Ya el mismo 11 de julio los “revolucionarios” habían cargado contra los manifestantes en plan machete, pero con palos. De ese trabajo sucio se encargaron los guardias rurales de a pie. Del otro, del trabajo “limpio”, legal, se encargaron los administradores de la ley. También dieron su plan de machete, pero lo hicieron con las sentencias.

El Estado “moral permanente” nunca hizo públicos ni las caras ni las edades de los condenados. ¿Por qué lo harían? No eran “ciudadanos”, sino una aglomeración de negros que de antemano tenían “antecedentes delictivos”.

*

La política interna del Estado jamás ha estado supeditada a las necesidades y los intereses de los cubanos, sino al engrase y mantenimiento de su imagen exterior, de su “prestigio”. Cierto que las “batas blancas” y la ayuda “solidaria” son fuentes de ingresos nada despreciables; pero son también el eje de las relaciones públicas del Estado. Si la “imagen externa” arduamente construida se derrumba, el Estado también se viene abajo, pues no tiene verdaderos pilares en que sostenerse: ni sociales, ni económicos, ni políticos.

Más arriba, demostramos que el Estado había previsto el escenario del 11J. Sin embargo, también parece que confió en que podía conjurarlo si empezaba poco a poco a intensificar la represión —a modo de advertencia— para desalentar así cualquier resistencia. Obviamente, no lo consiguió.

Al sofocar las protestas, se mostró a los ojos del mundo en todo su carácter violento y terrorista. Incluso, por aquellos días, Granma publicó un artículo censurando a algunos amigos de la izquierda que se atrevieron a criticar el uso de la fuerza. Esto es una muestra importante de cuánto podría cambiar la “imagen externa” de la “Revolución” si se produjera otro, más masivo y resistente, 11J.

Pero, ¿qué lección sacó Díaz-Canel del 11J? Por más que guapee en público —como le gusta hacer—, sabe que, enredarse en una represión feroz contra una resistencia popular cuyo alcance no puede vislumbrar, significaría un golpe político al que difícilmente podría sobrevivir el sistema.

Esto sin mencionar lo que podría suceder si los cubanos decidieran de una vez y por todas no seguir aguantando: el ejército se vería abocado a tener que elegir —aunque no ha ocurrido hasta ahora— dónde situar su lealtad; lo cual nadie, ni Díaz-Canel, puede predecir. En estas circunstancias, sabe que sería demasiado arriesgado acudir otra vez al ejército y, mucho más, llamar a otra guerra civil.

A la luz de lo que está pasando ahora en Cuba, mi sospecha es que Díaz-Canel ha decidido anticiparse a la —a mi juicio inevitable— próxima demostración de descontento popular. Por eso ha echado mano a la receta con que intentó frenar la manifestación de las frustraciones de los cubanos en 2020, pero un tanto diferente esta vez.

De lo que ha anunciado, se desprende que pondrán en marcha enseguida, y en gran escala, la maquinaria represiva. Lo ha hecho público con la esperanza de que el miedo y el terror, sigan funcionando como muro de contención.

Mas, ¿dónde están las señales de lo que viene y cómo el Estado diseñó esta implantación abierta del terror?

El 26 de octubre, “Cuba-Petróleo informó en Twitter que, debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual, se ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional”. Esto lo publicó Cubadebate. Ni Granma, ni Juventud Rebelde informaron nada al respecto. Ni ese día, ni después.

La escueta nota, que solo reproduce el tuit de la empresa, añadió que sus trabajadores “ejecutan todas las labores necesarias para estabilizar el suministro a los servicentros”. Sin embargo, si el problema es el “déficit de combustible”, ¿qué labores podrían hacer esos trabajadores para resolver el problema?

Uno de los comentarios notó la ambigüedad del mensaje: “Por favor, pueden explicar con un lenguaje entendible qué significa ‘debido a dificultades operacionales de logística’, eso está muy ambiguo”.[4] Esto es solo un ejemplo de la desinformación intencionada y de la renuencia del Estado a asumir su responsabilidad por la situación actual.

De los comentarios dejados en Cubadebate, reproduzco uno que resume el sentir de la mayor parte de los cubanos que no ven soluciones ni creen ya que el bloqueo tiene la culpa de todo [5]. Nótese, además, que esto no lo dice un enemigo, sino un simpatizante del sistema. E insisto, es el mismo escenario político, económico y social —y humano— de las protestas del 11 y el 12 de julio del año pasado: “Ya lo de la gasolina es agobiante todos los días es algo diferente en este país para ir hacia atrás ya los que quedamos estamos perdiendo las esperanzas y las ilusiones son solo decepciones todos los días es como si quisieran destruir la Revolución poco a poco y no culpen más al bloqueo que lo tenemos hace 60 años”.

El agobio, la desesperanza de la persona que hace este comentario, están particularmente marcados por la repetición de ese “todos los días”. Pero no se trata solo de él, sino también de “los que quedamos”. La amargura que se desprende, testimonia el vaciamiento del país, la continuación de las rupturas familiares, de las despedidas.

Unos días antes de esta información, el Estado había subido el precio del café normado; que —valga la aclaración— los cubanos no recibieron en todo el mes de septiembre. El buchito de café y el pésimo pan diario —cuando lo hay— son el único desayuno de la mayor parte de la población.

Para nadie es un secreto la extrema precariedad en que malviven los cubanos: apagones, desabastecimiento (de comida, medicamentos), los problemas del transporte. Y todo esto impacta dramática y negativamente en la calidad de vida de los cubanos. Pero la cuestión se hace todavía más vívida si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo hacen para comprar la vestimenta, zapatos, ropa interior? ¿Cuánto cuesta comprar un par de zapatos y cuántos no pueden comprarlo con su salario? Un salario, además, que no tiene casi valor alguno.

¿Cuántos de los que leen este trabajo saben, por ejemplo, que los cubanos no tienen papel higiénico; asunto que antes se resolvía, más o menos, con la prensa gubernamental que terminaba en los baños? Pero resulta que ahora no hay papel y escasea la prensa; no obstante, el Estado no carece de recursos para mantener aceitadas y funcionando las maquinarias propagandística y carcelaria.

Y es dentro de este precario contexto que el 26 de octubre —la misma fecha en que se informó del déficit de combustible en todo el país—, Cubadebate publicó el artículo: “Aplican multas por fijar precios abusivos y otras ilegalidades en mercado agropecuario de La Habana”,[6] donde también hace referencia al “operativo realizado en 100 y Boyeros” el 20 del mismo mes, en el cual fueron detenidas más de 30 personas por revender artículos de primera necesidad. La foto que lo ilustra muestra una impresionante cantidad de cartones de huevos, paquetes de pollo y de embutido.

Según “una persona que no quiso revelar su identidad por miedo a represalias”, “el operativo llegó hasta una casa muy cerca de allí, y que lo que sacaron de allá adentro fue un camión de cartones de huevos y un frízer cargado de paquetes de pollo y picadillo. Que ella contó más de 400 cartones de huevo”. La ilustración del artículo se corresponde con la declaración del testigo, de modo que la primera impresión es que el blanco de la operación fue un lugar específico y personas previamente identificadas.

Pero otros testigos también afirmaron que la policía y el DTI habían llegado “bien temprano” y que, “de un momento a otro, comenzaron a llevarse a todos los revendedores que siempre andan por la zona”. Se vuelve entonces una recogida, pues se trata de individuos que regularmente merodeaban por el lugar.

Por su parte, Cubadebate afirma —claro— que ese tipo de operativos cuenta con el “respaldo popular”. Sin embargo, les recuerdo a los lectores los prejuicios racistas y de clase contra coleros y revendedores.

No obstante, los comentarios en el sitio dejan ver la corrupción estatal generalizada: “Ellos, los revendedores, son el último eslabón de la cadena del mercado negro. ¿De qué almacenes y tiendas salían esos productos?”; “Los revendedores son culpables pero no están en la cima del negocio. Que investigue la policía, se verán horrores. Lo más probable es que esos huevos salen de instituciones del estado”.[7]

Y es que la corrupción general, ya de décadas, llega hasta la cima del Estado, a sus instituciones. Cualquiera sabe que en Cuba —y el asunto no es nuevo— nadie puede vivir si no está de una manera u otra al margen de la ley. Máxime cuando, como ocurre desde hace bastante tiempo, las desigualdades sociales se han disparado y hay cubanos que, más que en una situación vulnerable, se encuentran luchando, literalmente, para no morirse.

*

Entonces, tal y como lo hiciera en 2020, justo ahora que la olla está a punto de estallarles en las manos, el Estado decide “recoger a los sospechosos de siempre”: los coleros y revendedores. La idea es, una vez más, hacer de ellos —previamente seleccionados— los chivos expiatorios. No se trata de perseguir y enjuiciar la corrupción, ni de llegar hasta GAESA, por ejemplo; sino de arremeter contra esos que ya están de hecho desamparados ante la Ley.

El Estado no puede resolver nada, pero siempre puede encerrar. Los otros chivos expiatorios tampoco son nuevos. Los ataques a Diario de Cuba, El Toque, La Joven Cuba y otros sitios independientes no son nuevos pero, como en el caso de los coleros y revendedores, sí son siempre útiles en tiempos de crisis.

No importa que sea la USAID[8] la agencia encargada de tramitar la ayuda de “unos dos millones de USD en provisiones y suministros [que] incluye la ayuda humanitaria de emergencia que enviará el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba para socorrer a la población damnificada tras el paso del huracán Ian”; cosa que ni los medios cubanos ni su presidente han informado a la población. Estos medios independientes siempre serán imputados por el supuesto mercenarismo de recibir dinero de la NED y/o de la propia USAID, entre otras organizaciones.

El llamado —a la guerra, hay que insistir— sigue siendo “contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, en favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad”. Tan así, que el 27 de octubre Cubadebate publicaba: “Consejo de Ministros analiza a camisa quitada delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción”.

Como es usual, el texto ni siquiera mencionaba los altísimos niveles de corrupción del Estado cubano. Todo lo contrario. Es una invocación —tal como después del 11 y el 12 de julio del pasado año— a la defensa y protección de “la tranquilidad” ciudadana. Así, se prepara un marco supuestamente legal para darles a los “ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos” el mismo tratamiento que a los manifestantes del 11J.

Nótese que, una vez más, se invoca la “honestidad” del “Estado moral” en oposición a la inmoralidad de los sujetos mencionados. La declaración retoma la jerga dura y represiva de los años 70 en otro regreso a la lucha contra la vagancia. Guerra al “vago”, que tiene su origen en la colonia —sobre todo en el pensamiento racista de José A. Saco—, continúa en la República con el mismo presupuesto racista y, de ahí, a Fidel Castro. Por ello el propio Juventud Rebelde dice que “algunos” revolucionarios sueñan con el regreso de la Guardia Rural.

Pero en Cuba, los únicos vagos, pillos, lumpen corruptos y delincuentes son el Presidente, el Consejo de Ministros en pleno, GAESA, las FAR y el MININT, que no han mejorado la calidad de vida del pueblo, sino que la han empeorado. Que lo único que han hecho, realmente, es reprimir y fracturar al país.

Este llamado es otra manera de arengar a los “revolucionarios” a salir a las calles a atacar con palos al “enemigo” en aras de proteger la estabilidad y la paz no del país, sino la del Estado. Apelan, una vez más, a la vieja receta de echarnos a unos contra otros.

¡Pero que se cuiden! Porque, si hay guerra en las calles, las cosas podrían realinearse de un modo que ninguno de estos idiotas es capaz de prever.

---

[1] Osviel Castro Medell: “Sacudidas en Andorra”, en Juventud Rebelde, 10 de mayo, 2020, p. 9.

[2] Luis Raúl Vázquez Muñoz: “Vigilar, sancionar; pero también persuadir”, en Juventud Rebelde, 3 de junio de 2020, p. 3.

[3] Ricardo Ronquillo Bello: “¿Raros disturbios?, de instigados a instigadores”, en Juventud Rebelde, 10 de junio de 2020, p. 5.

[4] Este comentario muestra que hay lectores que ponen atención. En lo que fallan casi siempre, es en advertir que las ambigüedades no son ni casuales ni accidentales.

[5] He corregido la ortografía, excepto la puntuación.

[6] http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/10/26/aplican-multas-por-fijar-precios-abusivos-y-otras-ilegalidades-en-mercado-agropecuario-de-la-habana/.

[7] Cubadebate. “Operativo policial contra revendedores en calle 100, La Habana”, 20 de octubre de 2022.

[8] https://eltoque.com/lo-que-sabemos-de-la-ayuda-humanitaria-de-estados-unidos-usaid-a-cuba.