Manuel Díaz Martínez: Carta sobre la ‘debilidad política’ y la microfracción (1968)

En un artículo con ligeras variantes al más conocido Intrahistoria abreviada del caso Padilla, se encuentra esta carta de apelación de MDM ante al atropello cometido por el Comité Central del Partido cubano al despojarlo de su plaza como Secretario de Redacción de la revista La Gaceta de Cuba, vetarlo como jurado del premio UNEAC 1968 y confinarlo a la producción industrial o agrícola por equívocos o paranoias que ya leerán en la misma.
Como la carta podría citarse como ejemplo -uno más- de la indefensión del individuo ante el Estado Todo (ojo, de un individuo que en ese momento se reconoce aún como uno de los suyos) y de la humillación que al final han tenido que vivir la mayoría de las personas en un país que entiende la punición, el aplastamiento y la denuncia como uno de sus derechos sacros, aquí se las dejo. Con matices, estoy seguro, muchos se reconocerán en la… desesperación.

¿Qué hicieron los estrategas del partido para apartarme del jurado?

Meses antes, en el proceso de la llamada microfracción, como a otros individuos procedentes del disuelto Partido Socialista Popular (PSP), el Partido Comunista de Cuba, sucesor de aquel, me había sancionado, sin militar yo en sus filas y sin haber tomado parte en aquel episodio de la lucha por el poder entre estalinófilos (prosoviéticos unos, profidelistas otros). Después de un largo interrogatorio en una oficina del Comité Central, mis jueces me hallaron culpable de “debilidad política” por no haber denunciado al microfraccionario (estalinófilo prosoviético) que intentó reclutarme. Otra “debilidad política” me reprocharon haberme manifestado públicamente en la UNEAC, después de que Fidel Castro proclamara el apoyo de Cuba a la URSS, contra la invasión soviética a la Checoslovaquia reformista de Dubcek. Según la sanción, yo no podía desempeñar cargos ejecutivos ni en lo administrativo ni en lo político ni en lo militar durante tres años y debía “pasar a la producción”, es decir: ir a trabajar a una fábrica, a un taller o a una granja, que es lo que en Cuba se entiende por “pasar a la producción”. Se me dijo que podía recurrir ante el Buró Político, y no tardé en hacerlo. En los momentos en que se desarrollaba el concurso de la UNEAC aún no se había dado respuesta a mi carta de apelación, que es la siguiente:

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La Habana,
17.X.1968

Comité Central del Partido, 

En la noche del día 14 del presente mes, me fue comunicado el fallo del Partido en relación con mi actitud ante el problema de la llamada microfracción, así como en relación con comentarios críticos hechos por mí sobre algunos aspectos de la obra de gobierno que realizan los actuales dirigentes de la Revolución. El caso fue calificado de “grave” y se me ha condenado a la inhabilitación, durante tres años, para ingresar en el Partido y para ejercer cargos directivos en lo administrativo, lo político y lo militar. Además, la sentencia que se ha dictado contra mí incluye la prohibición de continuar desempeñando mis funciones como Secretario de Redacción de La Gaceta de Cuba y la determinación de que pase a trabajar como obrero industrial o agrícola.

Por no estar de acuerdo con dicho fallo, apelo a ustedes para que analicen nuevamente mi caso, esta vez a la luz de los razonamientos que paso a exponer.

Respecto a la primera falta que se me imputa, repito lo que ya declaré in extenso en la entrevista que sostuve con los investigadores del Partido que me interrogaron en marzo de este año. No participé, ni siquiera levemente, en las actividades de la microfracción. Ésa fue una conjura que ustedes investigaron hasta la saciedad y, por tanto, deben saber mejor que nadie que es cierto cuanto he dicho al respecto. Es verdad que un miembro de la microfracción (Edmidio López) se acercó a mí para tantear la posibilidad de captarme, como se acercaron otros de ellos a compañeros de la dirección nacional del Partido. Ese señor en ningún momento me invitó a pertenecer a la microfracción ni mucho menos me dio noticia acerca de la naturaleza y objetivos de los pasos en que andaba. Fueron pocos y breves los contactos que tuvo conmigo y creyó ―supongo― prematuro y, en consecuencia, arriesgado confiarme sus secretos, en primer lugar porque nunca nuestras relaciones pasaron de ser superficiales y porque no halló en mí el eco que él esperaba. Por otra parte, yo era ignorante, como el resto del pueblo de Cuba, de qué cosa era realmente esa microfracción a la que Fidel se había referido muy someramente en algunos discursos. Me enteré de ello, al igual que toda la población de este país, cuando se publicaron en la prensa nacional los resultados de las investigaciones realizadas por Seguridad del Estado. Sólo entonces supe que se trataba de una conspiración y no de un simple grupo de descontentos, como me habían hecho imaginar las alusiones de Fidel. Nadie debe sancionarme por desconocer algo que los organismos de investigación mantuvieron en absoluta reserva hasta el último momento y que, por prudencia o desconfianza, no me fue revelado por la persona comprometida que se encargó de sondearme. No cumplimenté ninguna de las invitaciones que me hizo López para visitar su casa, invitaciones que siempre me formuló con el pretexto de que viera su biblioteca y de que participara en una tertulia de amigos suyos, en la cual se hablaba de literatura, política y temas generales. El único motivo que tuvo López para acercarse a mí fue ―no encuentro que haya tenido otro― mi condición de exmilitante del disuelto Partido Socialista Popular; es decir, el mismo motivo que llevó a otros miembros de la microfracción a acercarse, incluso, a compañeros del Comité Central.

Considero terriblemente injusto que se me aplique, por sospechar ustedes, y sólo por sospechar, que yo conocía qué era la microfracción y no haber denunciado a López, la misma pena que se les impuso a otros que sí participaron activamente en la microfracción, inclusive desde dentro de las filas del Partido. Es obvio que soy víctima de la microfracción y no cómplice.

Finalmente, desde el punto de vista del procedimiento, no veo qué lógica tiene que el Partido me aplique sanciones disciplinarias a mí, que no soy miembro del Partido. No he cometido delito de contrarrevolución, ante el cual el Partido sí tiene el derecho y el deber de actuar directamente, cométalo quien lo cometa.

Solicito de ustedes, para mi tranquilidad y para la mejor defensa de mis derechos, que profundicen aún más las investigaciones sobre mi supuesta responsabilidad en relación con esa conjura.

En cuanto a los comentarios hechos por mí sobre temas políticos, debo decir lo siguiente.

Sostengo ideas que discrepan de algunos puntos de vista de la dirigencia de la Revolución y he enjuiciado, siempre con honestidad y con un espíritu revolucionario que me obliga a emitir libremente mi pensamiento, determinadas medidas tomadas y procedimientos usados por organismos estatales y por dirigentes. He ejercido el derecho que tengo a discrepar y he sustentado mis discrepancias con argumentos que de ninguna manera pueden ser calificados de contrarrevolucionarios. No he negado, en ningún momento, mi apoyo a la Revolución: como ciudadano, hago, en el trabajo que desempeño y en la actividad cultural que desarrollo, lo que tengo que hacer para beneficiarla. No le he retirado mi apoyo porque estoy de acuerdo con sus fundamentos; la apoyo y la defiendo por convicción, no movido por temores ni para extraer provecho de una posición hipócrita u oportunista. Pero esto no quiere decir que me vea obligado a aceptar como bueno todo lo que en su nombre se dice y se hace. No defiendo, en este caso, mis criterios, que pueden ser erróneos como los de cualquiera, sino el derecho que tengo a expresarlos. Por lo tanto, no puedo aceptar que se me sancione por ejercer ese derecho; si así lo hiciera, estaría cohonestando la monstruosidad de que, en plena revolución socialista, en medio de una revolución que no quiere repetir los errores que han cometido otras, es delito político el hecho de que un escritor revolucionario haga uso de la libertad de pensamiento y de palabra que la misma esencia de la Revolución defiende. Esto es grave, compañeros, y yo les pido que reflexionen sobre ello.

Debo señalarles, además, que esos criterios los he emitido en reducidos círculos de personas; no he impreso ni repartido panfletos; no he desarrollado campaña alguna de proselitismo; no he organizado ninguna conspiración; en fin, no he efectuado ninguna actividad que pueda poner en peligro la seguridad del Estado revolucionario. Así, pues, ¿qué clase de delincuente político soy yo?

Desde antes de 1959 no he hecho otra cosa que servir a la Revolución, dentro y fuera de Cuba: como ciudadano, la he servido en la etapa antibatistiana en tareas clandestinas; después del triunfo, en la Milicia, en el cuerpo diplomático, en el trabajo regular y en el voluntario; como escritor, en la prensa revolucionaria y en mis propios libros. Desde hace casi dos años soy el editor de La Gaceta de Cuba. Les pido que soliciten un informe a la Unión de Escritores y Artistas acerca de mi actitud ante el trabajo y mi actitud política. Los invito a que revisen cuidadosamente los números de La Gaceta que han salido bajo mi cuidado: en ellos sólo encontrarán vigilancia política, preocupación revolucionaria y trabajo cultural serio. Jamás La Gaceta ha estado mejor atendida, desde todos los puntos de vista, que durante la época en que la he dirigido yo. Esto lo digo con orgullo, como revolucionario y como intelectual.

No les pido benevolencia, porque no la necesito. Les pido reflexión; les exijo que hagan uso pleno del deseo de hacer justicia, de no atropellar, que caracteriza a la Revolución, y de la capacidad política que los asiste. No creo que es provechoso para el prestigio de nuestra Revolución cometer injusticia, en su nombre, contra la persona de alguien que, como yo, no ha hecho otra cosa que trabajar en su seno, que la sirve y la sigue sirviendo.

Revolucionariamente,

Manuel Díaz Martínez

Publicación original en El blog de León (2019)