La postura del Gobierno cubano es: en su política exterior aceptar la indivisibilidad de los Derechos Humanos y su supuesta defensa; y en su política doméstica violarlos sistemáticamente en su legislación penal, civil, constitucional y en la práctica de la policía, los funcionarios públicos, los órganos de la seguridad del Estado y los tribunales cubanos sean laborales, civiles o militares. Para seguir leyendo…
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